El Gobierno anunció el pasado julio el cierre de la central nuclear de Garoña en 2013 porque "España tiene exceso de capacidad de generación energética". Prometió un plan para recolocar a los empleados sin concretarlo y rechazó indemnizar a las empresas propietarias de la central. Todo ello contra el criterio del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Entonces, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se defendió de aquellos que criticaban la decisión del Gobierno argumentando que el Gobierno es libre para tomar las medidas que crea oportunas, aunque vayan contra el sentido común y las recomendaciones de los expertos. La patronal de empresarios de Castilla y León (CECALE) expresó su "malestar" por el anuncio de cerrar la central. Calificó la decisión de "insensata, incongruente y dogmática".
En concreto, Sebastián dijo que el CSN ha hecho un magnífico trabajo, pero sus competencias corresponden estrictamente a la seguridad y la política energética la decide el Gobierno basándose en la seguridad de suministro y en un mix energético que pasa por la existencia de centrales nucleares, pero la estrategia es ir apostando por un peso cada vez mayor de las renovables, para que alcancen el 20% de la generación eléctrica en 2020".
Pures bien, este viernes el Consejo de Ministros aprobó en su reunión el plan para la dinamización económica de la zona de la central burgalesa de Santa María de Garoña, en el que se contemplan inversiones directas de más de 900 millones de euros.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el plan se aplicará entre 2010 y 2013, e incluirá "una treintena de inciativas". "A los trabajadores afectados se les aplicarán los beneficios asignados en otros procesos de reindustrialización" y "estamos seguros de que entre todos garantizaremos el futuro de la zona a corto, medio y largo plazo", señaló, informa Europa Press.
El ámbito territorial del plan es el determinado como área de influencia por el Plan Básico de Emergencias Nucleares y comprende 78 municipios con 97.214 habitantes, distribuidos en tres comunidades autónomas, que son Castilla y León, La Rioja y País Vasco.
Las medidas aprobadas se articulan en torno a cinco ejes de actuación, entre los que figuran la regeneración del tejido industrial y empresarial, el desarrollo de nuevas infraestructuras, la potenciación del empleo y del desarrollo social, el refuerzo del turismo y, por último, el impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico.
Dentro del desarrollo de nuevas infraestructuras, destaca la conversión en autovía de la carretera N-I en el tramo comprendido entre Burgos y Miranda de Ebro, en una actuación que va a suponer una inversión superior a los 650 millones de euros.
También destacan el desarrollo de la línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria, la autopista Dos Mares que unirá la localidad cántabra de Reinosa con Miranda, el desarrollo del proyecto ya existente del polígono industrial de El Bullón, la construcción de un parador de turismo e intervenciones en defensa del patrimonio artístico.
En relación con la situación de los trabajadores de la central de Garoña, el plan prevé que el proceso de cierre, que se iniciará en julio de 2013 y se prolongará durante un periodo de ocho a diez años, requerirá una media de 250 trabajadores al año, entre los que se dará prioridad a los de la planta.
El plan fue presentado en la localidad de Miranda de Ebro esta semana por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.
Dentro de las medidas industriales, figuran ayudas a la reindustrialización por 100 millones de euros en cuatro años, de los que 25 millones corresponderán al ejercicio 2010.
Además, se mejorará el sistema de incentivos regionales para atraer nuevas inversiones empresariales a la zona. De este modo, el Ministerio de Economía y Hacienda concederá a todos los proyectos calificados favorablemente una bonificación adicional de cinco puntos. Junto a esto, se facilitará una línea de préstamos participativos para financiar proyectos empresariales.