El Gobierno Vasco pretende hacer efectivo el derecho subjetivo a la vivienda para las personas con mayores dificultades de acceso y establecer un canon para las viviendas que, sin causa justificada, estén vacías.
Este tipo de ideas no son nuevas, ya han sido anunciadas con anterioridad. El problema es que surgen numerosas dudas, especialmente entre los propietarios, que deben hacer frente a esta nueva muestra de intervencionismo público: ¿Cuáles son para el Gobierno vasco las "causas justificadas" para tener una vivienda vacía? ¿Los chalets de vacaciones de los consejeros (si los tienen y permanecen vacíos once meses al año) podrán ser multados? ¿Quién pagará las viviendas que se entreguen a las personas que no se la puedan comprar? ¿Cuánto habrá que subir los impuestos para pagar estos pisos? ¿Qué se entiende por vivienda digna: 40m2, 50m2, 120m2? ¿Cómo afectará esto al mercado de la vivienda? ¿Se marcharán los promotores del País Vasco si no pueden obtener beneficios con su actividad? ¿Tendrán incentivos los ciudadanos para ocultar sus rentas y así poder conseguir a bajo precio una vivienda?
Mientras piensa la respuesta a todas estas preguntas, el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado el anteproyecto de ley vasca de vivienda que espera presentar al Consejo de Gobierno para su aprobación a finales de este año. Hasta entonces, además de los procedimientos internos del propio Gobierno, se va a someter al debate de los ciudadanos, que podrán presentar sus propuestas a través de internet, y a la negociación con los ayuntamientos y partidos.
El anteproyecto tiene como principal objetivo, según ha explicado Arriola, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y "convertir el principio en auténtico derecho exigible ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso".
Además, pretende regular el régimen jurídico de la vivienda de protección pública, reformular y reordenar los sistemas de prestaciones públicas existentes de ayuda a la vivienda, regular la intervención en rehabilitación y regeneración urbana para eliminar obstáculos a estos procesos y definir el alcance del concepto de "función social de la vivienda".