Javier Orduña, director general del Servicio Público Estatal de Empleo (antiguo Inem) califica de meras "incidencias anecdóticas" el caos que han vivido los funcionarios de este organismo en los primeros días de vigencia del nuevo subsidio estatal (420 euros al mes), que cobrarán los parados que se hayan quedado sin prestación a partir del pasado 1 de agosto.

Muchas oficinas carecían el pasado lunes de los formularios necesarios para tramitar esta ayuda. Orduña, sin embargo, afirma en una entrevista concedida a El País que "la impresión y los datos que tengo no coinciden con las incidencias que he visto en los recortes de prensa. Las ha habido, pero anecdóticas. De las 711 oficinas que tenemos en todo el territorio, hemos registrado incidencias en 8 ó 10".

"Es cierto que el primer día registró mayor afluencia y quejas de los que quedaban excluidos de las ayudas. Pero ha ido globalmente bien", destaca.

"Los formularios e impresos se mandaron a las provincias a las 9.45. El operativo funcionó bien. Sólo hubo un decalaje de media hora entre la apertura de las oficinas [el lunes] y la llegada de los impresos, para incluir la fecha de publicación en el BOE. A las 9.45 los impresos habían llegado a todo el territorio". Una afirmación que no coincide con las quejas y denuncias formuladas por los funcionarios del INEM.

Por otro lado, Orduña comprende que "haya malestar entre los que no van a recibir la ayuda", en referencia a los cerca de 1,5 millones de parados que han dejado de percibir su prestación por desempleo antes del 1 de agosto. A ello, se suman las trampas que incluye el subsidio, una especie de nuevo PER a nivel nacional.

"Algunos tenían expectativas de cobrar porque han agotado su prestación una semana antes de que entrara en vigor. Pero esta gente no estaba bien informada. Todas las condiciones fueron aprobadas en un real decreto, explícitas en el texto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 13 de agosto", indica Orduña.

Además, el director del organismo afirma que "se están haciendo cálculos erróneos" acerca del número de parados sin prestación que quedan excluidos del nuevo subsidio. En este sentido, asevera que "es falso. La cifra de desprotegidos que se quedarían fuera por la limitación temporal no alcanza ni la mitad [unos 600.000]. Entre las personas sin protección, muchas tienen una renta superior al 75% del salario mínimo interprofesional, o simplemente no han generado derechos con empleos anteriores".

"El presupuesto no es ilimitado y eso exige acotar los colectivos a proteger, la duración del programa y la cantidad. Somos conscientes de que damos cobertura a una parte del colectivo de los desempleados desprotegidos. Pero existen otro tipo de circunstancias que cubren las comunidades autónomas". Además, "el que ha terminado ya sus prestaciones, se supone que ha tenido más oportunidades para encontrar trabajo", justifica Orduña.

El PSOE reconoce errores

Por su parte, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, ha reconocido este miércoles que ha habido problemas de información en relación con la ayuda estatal de 420 euros.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Efe, Hernando ha señalado que es "evidente" que ha habido problemas en algunas oficinas del INEM y problemas de información porque ha habido, ha dicho, personas que "no conocían exactamente los requisitos".

El dirigente del PSOE ha agregado que se han producido también "algunos desajustes de primera hora porque los formularios no llegaron" a algunas oficinas del INEM y ha subrayado que son errores que hay que subsanar para que las personas que tienen derecho a esta prestación puedan beneficiarse de la misma.

Sobre la posibilidad de ampliar la prestación más allá de los parados que hayan agotado su prestación desde el 1 de agosto, ha recordado que junto a esta medida ya se han adoptado otras "para atender las necesidades de las personas que peor lo pasan". La filosofía de la medida, ha proseguido, es que los que lo van a tener más difícil para acceder a un empleo puedan acogerse a la prestación.