El Observatorio Económico de Andalucía pide el despido de miles de los colocados en la Junta

Representantes de estas organizaciones y colectivos participaron en una comparecencia en el Parlamento. El Observatorio pidió incluso el despido de miles de trabajadores de las empresas públicas de la Junta. Así lo cuenta ABC. Según La Razón, "Expertos económicos dan un tirón de orejas a la política fiscal de Griñán". Ni El Mundo, ni El País, ni el grupo Joly, ni El Correo de Andalucía mencionan el tema a primeras horas en sus páginas web o en su papel escrito.

La cuestión era el examen del proyecto de Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público presentada por Griñán. Entre sus medidas se encuentran la subida del IRPF para las rentas superiores a 80.000 euros, la tasa por los depósitos bancarios, un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso de cinco céntimos en 2011 y de diez céntimos a partir de 2012 y otras imposiciones sobre medios de transportes, hidrocarburos y depósito de residuos radiactivos.

Este plan de la Junta contiene un conjunto de medidas recaudatorias "de escaso impacto", que no cubrirán "las necesidades de déficit", ya que en su conjunto supondrían unos 75 millones. Reducir el déficit de forma drástica supondría "despedir a miles de personas" en la Junta, manifestó Francisco Ferraro, en referencia a las empresas públicas. Téngase en cuenta que Ferraro fue alto cargo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta en tiempos de Manuel Chaves y que en su equipo participan personas procedentes todos ellos del grupo de economistas de la Junta.

Según dijo a ABC , "donde ya no hay los ingresos de la etapa de expansión, y no se puede soportar el gasto, la Administración tiene que hacer un ajuste y debe proceder a unas reformas que permitan una mayor eficiencia en su funcionamiento y mayor agilidad, como persiguen los países más desarrollados". Ferraro puso de relieve que el exceso de empleo público de la Junta supone un "lastre" para la economía de la región. Andalucía cuenta con medio millón de empleados públicos, un 18 por ciento más que el resto de las administraciones de España. "Hay 3,5 empleados públicos por cada millón de euros de Producto Interior Bruto", subrayó.

En el caso de los ayuntamientos y diputaciones, el gasto se dispara, por lo que exigió una reforma "real" de la Administración para reducir el déficit. "Así lo apuntan las normativas europeas, los mercados, el Fondo Monetario Internacional y el gobernador del Banco de España", señaló. En relación a la reducción de cargos directivos llevada a cabo por el Ejecutivo de Griñán, Ferraro cree que tal medida es "insuficiente" porque "en realidad no se reduce el empleo, sólo algunos cargos y se eliminan pocas empresas".

Por su parte, Rafael Salgueiro, miembro del Observatorio, recordó que "Andalucía es deficitaria financieramente desde siempre", por lo que pidió "más austeridad" a la hora de plantear nuevas medidas fiscales en tiempos de crisis. Éstas pasarían, según lo anunciado hasta el momento, por gravar las rentas por encima de los 80.000 euros, los depósitos bancarios, las bolsas de plástico y la gasolina. "Esto no va a contribuir a la sostenibilidad financiera de la comunidad", apuntó.

Antonio Carrillo, secretario general de la CEA, echó en falta un mayor grado de concertación en la aprobación de las medidas y su paso por el Consejo Económico y Social. Criticó también los objetivos de sostenibilidad fiscal del decreto con la excusa de la protección del medio ambiente, cuando en la práctica lo que se hará es dañar la actividad productiva, por lo que expresó su rechazo. Carrillo censuró también otras medidas como el céntimo sanitario, la tasa por los depósitos bancarios y planteó la retirada del impuesto sobre las bolsas de plástico o una moratoria de un año.

Para La Razón, la reunión terminó siendo un fuerte tirón de orejas al gobierno Griñán. En la misma, la Confederación de Empresarios Andaluces dijo que la política fiscal "debe servir de estímulo a la actividad económica y no penalizar la actividad productiva con un afán recaudatorio". El secretario general de la patronal andaluza, Antonio Carrillo, alertó de la posibilidad de que las empresas "huyan" de la comunidad con estas medidas y se instalen en otras zonas "donde encuentren más comodidades".

Salvador Fuentes, representante del PP y experto en Economía, denunció que las medidas planteadas "vienen a profundizar en los problemas de competitividad que tienen las empresas andaluzas". A su juicio, "los más débiles vuelven a pagar los platos rotos", por lo que exigió demorar los nuevos impuestos hasta que mejore la situación económica.