La primera mesa redonda del curso "Confianza contra la crisis"del Campus FAES ha tenido lugar en Navacerrada bajo el título "Una protección social sostenible y de calidad". La ponencia se ha ocupado de las diferencias entre los modelos de protección social en Chile, Suecia y España, y también ha plantado los desafíos la actual conyuntura económica y la necesidad de abordar reformas para superar las dificultades plantean, para el observatorio.

Las intervenciones, moderadas por la periodista Carmen Tomás, han estado representadas por Cristián Larroulet, director del centro de estudios Libertad y Desarrollo de Chile; Mauricio Rojas, director de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid; y Ana Pastor, ex ministra de Sanidad y Consumo y actual vicepresidenta  segunda del Congreso de los Diputados.

En el debate se han representado diferentes posturas sobre el tema, estableciendo que "hay modelos de éxito, como el chileno; modelos en transición, como el sueco, y el español, donde todos sabemos que hay que hacer reformas pero no sabemos dónde estamos".

Inicialmente, Ana Pastor ha aprovechado su referencia a la caja de las pensiones para ironizar sobre el Pacto de Toledo: “Es un sancta sanctorum en el que nadie puede decir nada. Como estamos tan de acuerdo, no se toma ninguna decisión”, y ha recordado que en la primera legislatura “el ministro de Trabajo no apareció ni una sola vez”.

La vicepresidenta segunda del Congreso ha lamentado el "parón" en las reformas. “España está levantando pasiones en destrucción de empleo y el Gobierno lleva cinco años sin tomar ninguna decisión”, ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que, en un sistema de aportaciones que no contempla el copago, “las listas de espera y la falta de libertad para elegir colegio son los peajes que pagamos”.

“Las reformas se hacen con dinero. No creo en ninguna reforma social que no tenga que ver con la economía”, ha comentado en su ponencia. Entre esas reformas urgentes, ha enumerado el fomento del empleo indefinido porque, ha dicho, “aunque el Gobierno se empeñe en decir que ellos son los del empleo fijo, las cifras son testarudas: hay más contratos temporales”; un plan nacional sanitario que unifique prestaciones -“un enfermo de alzheimer recibe una atención distinta dependiendo de donde viva”-, y una reforma en profundidad de las pensiones que atienda a la “financiación de la gran dependencia”.

La mejora en el nivel de renta solo se logrará, ha dicho la también coordinadora de Participación del Partido Popular, “a través de la mejora de la educación. Sin embargo, mientras decimos que hay que pactar, aquí nadie habla del contenido del pacto”. Finalmente, ha hecho hincapié en que “al PSOE le gusta ‘poner’ cosas, como ordenadores y motos, pero el problema es el proceso, no el ratio de alumnos por aula, sino trasmitir a los jóvenes el valor de la educación”.

Cristián Larroulet ha expuesto la reforma del sistema de protección social chileno de comienzos de los 80 apelando a los beneficios del modelo de capitalización individual aplicado, que “el socialismo criticó e intentó cambiar con propuestas populistas y sobre el que ahora, a la vista de los resultados, calla”. Ha apelado también a los problemas que presenta el modelo de reparto tradicional, fundamentalmente “la disociación entre activos y parados, la falta de incentivo sobre el trabajo y la bomba de tiempo que representa al aumentar la esperanza de vida”.

Incluso en un escenario desfavorecedor como el de la crisis mundial actual, ha comentado Larroulet, “la rentabilidad de este modelo es muy superior al de reparto”. Los resultados que ha enumerado se refieren al crecimiento del PIB, “del cual la reforma de la protección social ha sido responsable en un tercio”; el aumento de la cuantía de la pensión media, “que se ha doblado”, y el aumento de la cobertura, ya que “cada día hay más cotizantes que ocupados”.

Mauricios Rojas, ex diputado del Partido Liberal sueco, ha completado durante su intervención lo favorecedor de un sistema mixto que combine elementos de la capitalización y del reparto tradicional para poder “salir del gigantismo del sistema del bienestar y avanzar hacia un modelo más sostenible”, tal y como se hizo en Suecia desde principios de los 90. “En situaciones de pleno empleo se promete todo, lo difícil es mantener eso en períodos de fuerte incremento del desempleo”, se ha lamentado antes de apuntar que en Suecia el gasto social llegó a suponer casi el 70 por ciento del PIB y, en consecuencia, el déficit se disparó al 10 por ciento.

La receta de Rojas para minimizar los compromisos del estado del bienestar consta de tres medidas. Por un lado, ha abogado por aumentar los incentivos al trabajador bajando los impuestos al trabajo, “porque, en ocasiones, resulta más beneficioso no trabajar que trabajar”, y por otro, por la reducción del gasto público a través de la cofinanciación. A su juicio, y para terminar, una reforma profunda en el sistema de pensiones pasa por “hacer variables los beneficios de la prestación” y “premiar la postergación de la jubilación, de la que ya se habla en Suecia que se amplíe hasta los 68 ó 69 años”.