LD (Lorenzo Ramírez) La Comisión del Pacto de Toledo –grupo de trabajo del Congreso de los Diputados para reformar el sistema de pensiones- conoce bien el riesgo que ha generado el envejecimiento de la población en España sobre la estructura de este sistema de protección, que es similar al esquema Ponzi: las pensiones de los jubilados actuales las pagan los que están trabajando y si el mercado laboral sigue destruyendo empleo será difícil que las generaciones futuras tengan cobertura para la vejez.
La tendencia de los últimos años se invierte y las cotizaciones a la Seguridad Social no serán suficientes para cubrir las pensiones del sistema. ¿Cuándo? El Banco de España cree que dentro de un año porque el fenómeno se ha agudizado por la recesión económica. El mercado laboral ha expulsado a 1,3 millones de afiliados desde el inicio de la crisis y las necesidades de gasto público se disparan.
Tras la polémica generada por las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la citada Comisión (donde reclamaba una reforma del sistema y una reducción del gasto público en otras materias); el Pacto de Toledo se ha puesto manos a la obra y ha acelerado unos trabajados que estaban congelados desde 1995.
El ex ministro y diputado socialista Jordi Sevilla, vocal de la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo, ha asegurado este lunes que la Comisión podría tener lista una propuesta de reforma "en torno" al próximo mes de septiembre si se cumplen los plazos que se están barajando, según informa Europa Press.
Sevilla señaló que la Comisión de la que él forma parte "ya ha escuchado" a suficientes comparecientes como para saber qué problemas tiene o podría tener el sistema de la Seguridad Social, y añadió que además "hay bastante aproximación" acerca de dónde deberían estar las soluciones.
Así, indicó, una vez finalizado el periodo de sesiones la Comisión debería trazar un calendario para reunirse durante el verano o en el que formato que se decidiera, a fin de tener en torno a septiembre una propuesta sobre la reforma del sistema. "Al menos esos son los plazos en los que se está pensando", apuntó.
El sistema español, en la tercera división de la UE
La posición oficial del Gobierno es negar la mayor. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dice que las pensiones están garantizadas hasta 2025. Es decir, que sólo están asegurados los pagos de las personas que se jubilen en los próximos 16 años.
Pero estas previsiones son incorrectas, ya que se basan en un documento elaborado en octubre de 2008, que asegura que España creará empleo en la segunda mitad de 2009 con un crecimiento económico superior al 3%, unas previsiones que ya ha tirado por tierra hasta la vicepresidenta económica, Elena Salgado.
Y la Unión Europea está muy preocupada por la salud del sistema de pensiones español que, a su juicio, ocupa la “tercera división de la UE”. El grupo de países que más complicado tiene pagar las pensiones a medio y largo plazo es el compuesto por España, Rumanía, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Irlanda y Bélgica, según el último informe sobre el envejecimiento de la población y los efectos de la crisis económica elaborado por la Comisión Europea que publicó en exclusiva LD.
Alargar la edad de jubilación y rebajar las pensiones
Hasta el pasado noviembre, el objetivo de los dos principales partidos es cambiar el sistema de cálculo de la pensión, ampliándolo a toda la vida laboral del trabajador. En la actualidad el plazo es de 15 años –los últimos antes de la jubilación- y la intención del PP y el PSOE es aumentarlo cada dos años en 12 meses, de forma que dentro de 20 o 30 años el cómputo del cálculo abarque ya toda la vida laboral. Esto supondría una rebaja media de las pensiones del 30%.
Pero con la llegada de la crisis, los partidos están valorando dejar para más adelante esta reforma e introducir otras modificaciones que no sean tan perjudiciales para los pensionistas. El PSOE no se ha pronunciado todavía al respecto (sus líderes niegan que haya problemas en el sistema), pero el PP ya ha presentado su propuesta.
Entre otras herramientas, el PP pone sobre la mesa blindar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para que se ocupe sólo de las necesidades de las pensiones de jubilación. Las de vejez, invalidez y viudedad (las otras pensiones contributivas) serían financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
De esta forma se evitaría que el Gobierno recurra al Fondo para elevar pensiones que no tienen que ver con la jubilación, lo que aumentaría la capacidad de esta hucha para afrontar el problema financiero derivado del envejecimiento de la población.
Otra de las iniciativas -en la que coinciden con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado- es incentivar fiscalmente el alargamiento de la vida laboral, de forma que se favoreciera un aumento de la edad media de jubilación, que se encuentra actualmente en los 63 años.
Lo que está claro es que la cuantía de las pensiones bajará, pero no para los actuales pensionistas, sino para aquellos que tengan menos de 45 ó 50 años. Aunque el Ejecutivo lo niegue en el fragor de la batalla política, la necesidad de reforma es innegable. Hasta que no se abra un debate serio entre los principales partidos el tiempo corre en contra de la estabilidad del sistema. Más aún si se tiene en cuenta que la crisis española no acabará en 2010.