El presidente regional, Juan Vicente Herrera, ha encargado a su departamento económico que repase todas las partidas de gasto publico en los próximos meses para "seguir en la línea de la austeridad y terminar el año con unas cuentas sostenibles en el tiempo para seguir garantizando los servicios esenciales" y, para ello, se van a "apretar el cinturón".
Eso asegura su consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, pero, a tenor de las iniciativas que prepara en materia laboral, la realidad está lejos del mensaje que lanzan los responsables regionales.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el servicio público de empleo de Castilla y León (antiguo INEM) ha preparado una propuesta de orden en la que establece las bases que regulan una nueva ayuda de 426 euros a parados que hayan agotado ya todas las ayudas públicas y que tengan más de 45 años.
Lo extraño es que esta nueva subvención no se da como una especie de renta de subsistencia para que los parados de larga duración puedan tener unas rentas mínimas mensuales, sino que el organismo señala que se trata de una medida de "mantenimiento de empleo y protección de los trabajadores". En concreto, la nueva norma dice así:
"La persistencia de la actual crisis económica hace necesario adoptar nuevas medidas dirigidas a mantener y generar empleo, en consecuencia, mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de 6 de mayo de 2010 se aprueban programas para estimular la creación y el mantenimiento del empleo y la protección de los trabajadores en 2010, entre ellos el Programa de Itinerarios activos de empleo 2010".
Esta medida contrasta con la intención de detener la Obra Pública en la región, ya que invertir en infraestructuras generaría empleo y, a la larga, sería más positivo que subsidiar desempleados sin más. No obstante, el texto señala que los perceptores de las ayudas deberán seguir "itinerarios activos de empleo", es decir, que deberán acudir a cursos de formación (saliendo de las listas del paro registrado en el INEM) y buscar empleo.
El método es el siguiente: el desempleado solicita la ayuda y, una vez concedida, la Junta le asigna un "técnico orientador" que le prestará una "atención individualizada, realizará el seguimiento y actualización de su itinerario activo de empleo, determinará su inclusión en los grupos específicos de búsqueda de empleo, coordinará estos grupos, propondrá y evaluará las acciones de mejora de su ocupabilidad e informará sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para el acceso y mantenimiento de la ayuda".
Esta iniciativa es calcada a la presentada por el Ministerio de Trabajo que dirige Celestino Corbacho, con la única diferencia del plazo, ya que la ayuda estatal dura seis meses y la que pretende impulsar la Junta de Castilla y León tiene un periodo máximo de tres meses. En todos los casos el cobro es incompatible con otro tipo de subsidios.