LD (EFE) Antes de la votación, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, pidió el respaldo de los distintos grupos parlamentarios al Real Decreto porque supone para los perceptores del SMI, unos 600.000, la recuperación del 6,6 por ciento del poder adquisitivo perdido entre 1996-2004 por la desviación entre el IPC real y el previsto.
El ministro también destacó que, tanto el incremento del SMI como su desvinculación de las prestaciones o ayudas sociales, han sido fruto de un intenso diálogo con la patronal CEOE y los sindicatos que ha durado más de un mes. Caldera explicó que para poder aprobar la revalorización ha sido necesario desvincular el SMI como renta de referencia para el acceso a las prestaciones, ayudas y subvenciones de ámbitos distintos al sociolaboral (becas de estudio, de comedor o acceso a la viviendas pública, entre otras muchas).
Desde el uno de julio, fecha de entrada en vigor del Real Decreto, la referencia que se emplea para estas prestaciones es un nuevo Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), cuya cuantía es de 460,5 euros al mes –la cuantía del anterior SMI– y que se revisará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en función del IPC previsto.
En el turno de fijación de posiciones, el portavoz del PP, José Ignacio Azpiroz, votó a favor de la convalidación por "respeto, lealtad y seriedad política", aunque rechazó que durante los años de Gobierno del PP haya habido pérdidas de poder adquisitivo del SMI y le recordó a Caldera que si ha podido aprobar la revalorización se debe a que han recibido unas cuentas públicas saneadas.
A pesar de que IU-ICV también votó a favor de la convalidación, su portavoz Ángel Pérez, advirtió que la subida del 6,6 por ciento no coloca al SMI en una "cota de dignidad", que situó en los 840 euros al mes, y reclamó que la revalorización del IPREM sea en función del IPC real y no del previsto.
d El ministro también destacó que, tanto el incremento del SMI como su desvinculación de las prestaciones o ayudas sociales, han sido fruto de un intenso diálogo con la patronal CEOE y los sindicatos que ha durado más de un mes. Caldera explicó que para poder aprobar la revalorización ha sido necesario desvincular el SMI como renta de referencia para el acceso a las prestaciones, ayudas y subvenciones de ámbitos distintos al sociolaboral (becas de estudio, de comedor o acceso a la viviendas pública, entre otras muchas).
Desde el uno de julio, fecha de entrada en vigor del Real Decreto, la referencia que se emplea para estas prestaciones es un nuevo Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), cuya cuantía es de 460,5 euros al mes –la cuantía del anterior SMI– y que se revisará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en función del IPC previsto.
En el turno de fijación de posiciones, el portavoz del PP, José Ignacio Azpiroz, votó a favor de la convalidación por "respeto, lealtad y seriedad política", aunque rechazó que durante los años de Gobierno del PP haya habido pérdidas de poder adquisitivo del SMI y le recordó a Caldera que si ha podido aprobar la revalorización se debe a que han recibido unas cuentas públicas saneadas.
A pesar de que IU-ICV también votó a favor de la convalidación, su portavoz Ángel Pérez, advirtió que la subida del 6,6 por ciento no coloca al SMI en una "cota de dignidad", que situó en los 840 euros al mes, y reclamó que la revalorización del IPREM sea en función del IPC real y no del previsto.