"A ver quién es el majo que se atreve ahora a quitar esta prestación en el futuro". Así de orgulloso se mostraba Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, después de ceder su apoyo parlamentario al PER nacional de Zapatero a cambio de que el gobierno convierta el subsidio "en una prestación" al eliminar la condición de que la ayuda se prolongaría en periodos de seis meses siempre y cuando el paro no bajase del 17%.
De este modo, el Ejecutivo ha aceptado convertir en indefinido el nuevo PER nacional de Zapatero, multiplicando el gasto que entraña la prestación de forma imprevisible. En cualquier caso, José Antonio Alonso lo tiene claro, "podemos hacerlo", ha dicho.
Del mismo modo se ha expresado la ministra de Economía, Elena Salgado. En unas primeras declaraciones desde Bruselas, Salgado señalaba que esta medida tendría un coste y que afectaría de manera especial al déficit. Más tarde, trataba de minimizar su respuesta y señalaba que esta ampliación simplemente afectaría "un poquito" al déficit.
El coste de la ampliación
Tal y como publicó Libertad Digital, la universalización del nuevo PER nacional supondría un esfuerzo de más de 2.400 millones cada seis meses a las arcas del Estado. Una de las trampas que escondía la medida de los 420 euros era que el Ejecutivo había presupuestado 642 millones de euros para un número estimado de beneficiarios de 340.000 parados. Con un par de operaciones sencillas descubrimos que el coste ascendía realmente a 850 millones.
Si amplía el subsidio a todos los parados sin prestación con rentas inferiores al 75% del SMI, el número de beneficiarios ascendería a 940.000 personas. Cerca de 600.000 parados cuya prestación se agotó antes del 1 de agosto, y otros 340.000 a partir del 1 de agosto, según las propias estimaciones de Trabajo.
Teniendo en cuenta que en la negociación parlamentaria el PSOE ha pactado con Izquierda Unida que se suprima la condición de que la medida sea suprimida cuando el paro bajase del 17%, el coste de la universalización del PER podría dispararse aún más.
Pero esta vez, los cálculos del Gobierno también son distintos. Estima que, con la ampliación, se encarecerá en unos 700 millones adicionales (a los 640 millones que ya había presupuestado), hasta más de 1.300 millones (1.000 millones menos).
El Ministerio de Trabajo e Inmigración calcula que la ampliación elevará el número de beneficiarios potenciales "entre 250.000 y 300.000" personas, con lo que el número total de beneficiarios aumentará a más de 600.000 personas.
El PP no se pronuncia
Por su parte, el PP acusó al Gobierno y al grupo socialista de ser los únicos responsables del retraso en la tramitación del decreto-ley que regula la prestación de 420 euros, aunque no quiso dar su postura sobre la ampliación de esta ayuda pactada entre el PSOE y los partidos de izquierda en el Congreso.
En un comunicado, el grupo parlamentario popular criticó al Ejecutivo y al PSOE por haber pedido que se aplazase del 10 al 17 de septiembre el debate en pleno del decreto argumentando que el presidente Zapatero y varios ministros estarían fuera de España y no podrán acudir a la Cámara Baja.
Además, los populares señalaron que toda la polémica suscitada por la norma desde su entrada en vigor ha sido "únicamente responsabilidad del Ejecutivo socialista, al no actuar de la forma correcta desde el principio y generar una enorme confusión".
El PP se comprometió a actuar de "forma responsable durante la tramitación de la norma, máxime teniendo en cuenta el drama" del desempleo, con 85.000 nuevos parados registrados en el mes de agosto.
Sin embargo, fuentes del PP consultadas por Efe no quisieron aclarar cuál será la postura del principal partido de la oposición sobre la ampliación de la ayuda acordada hoy por el PSOE con los partidos de izquierda.