(Libertad Digital) Posiciones enfrentadas en el seno del sector del transporte del mercancías en España. Las organizaciones convocantes del paro de los transportistas (Fenadismer), que ha sumido a media España en atascos y desabastecimiento de combustibles en algunas regiones, exigen establecer por Ley “un precio mínimo obligatorio que evite el servicio por debajo de los costes”.
Además, abogan por una norma que regule con carácter obligatorio y automático la cláusula de revisión de precios del transporte, según evolucione la variación del precio de los carburantes. También apuestan por la “eliminación inmediata del céntimo sanitario” que imponen algunas CCAA, así como por revisar a la baja la fiscalidad que soporta el carburante de uso profesional en la UE.
Por último, aspiran a que el Gobierno apruebe diversas medidas de carácter social, económicas, fiscales y de reestructuración del sector “tendentes a beneficiar a los autónomos y pymes del sector del transporte por carretera ante la actual situación de crisis por el alza del precio de los carburantes”.
16.000 euros más de carburante por camión
Por su parte, la principal patronal del sector (CETM) no ha secundado la huelga y aboga por mantener un proceso de negociación con el Ejecutivo, con el objetivo de paliar la “dramática situación que están atravesando” las empresas dedicadas al transporte de mercancías.
No obstante, el precio del gasóleo ha aumentado desde 0,95 euros por litro en mayo de 2007 a 1,3 euros en mayo del presente año. De este modo, el consumo anual de combustible de un camión tipo se ha encarecido en 16.170 euros.
Para paliar estos efectos, CETM propone, entre otras medidas, la aprobación de una cláusula de revisión de las tarifas en base a la evolución del precio del combustible, eliminar igualmente el céntimo sanitario de las CCAA, aplazar las cotizaciones a la Seguridad Social, mejorar los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas del sector, así como limitar las operaciones de subcontratación sucesiva.
Sin embargo, se opone al establecimiento de tarifas mínimas en los servicios de transporte, ya que ello implicaría “acabar con el libre comercio”. Sobre este punto, el posicionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) no deja lugar a dudas. Así, dicho organismo aplicará las "medidas que estime convenientes", en caso de que el Gobierno apruebe finalmente una tarifa mínima para los servicios de transporte.
Competencia se opone a la imposición de tarifas mínimas
El presidente de la CNC, Luis Berenguer, explicó que "cualquier medida que dé lugar a la aprobación de una tarifa mínima supone un paso atrás en la defensa de la competencia", e iría en contra de la Ley de Defensa de la Competencia.
Por ello, Berenguer afirmó que si finalmente se aprobara esta tarifa mínima obligatoria solicitada por los transportistas, la CNC "actuará en consecuencia". Por su parte, el sector en huelga denuncia la imposibilidad de trasladar a sus precios la escalada del gasóleo por la negativa de sus clientes a aceptarlos.