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UNA MEDIA DE 144 DIAS

Las Administraciones Públicas españolas, las que más tardan en pagar a sus acreedores

Las Administraciones Públicas españolas son las peores morosas de Europa. Lejos de dar ejemplo, Gobierno, autonomías y ayuntamientos pagan tarde a sus acreedores, violan la Ley de Contratos del Sector Público y escamotean los intereses.

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(Libertad Digital) El sector público español es conocido, entre otras cosas, por ser el que peor responde a sus obligaciones de pago en toda la Unión Europea. Aunque la Ley de Contratos del Sector Público establece un plazo máximo de 60 días para abonar a sus acreedores, la media real es de 144 días.

Este hecho es más grave, si cabe, en un entorno como el actual, en el que las empresas carecen de liquidez por las restricciones crediticias y sufren los impagos de sus clientes. Las Administraciones Públicas españolas, lejos de dar ejemplo, son las que más incumplen sus compromisos de pago.

Y a pesar de que la norma obliga al pago de intereses de demora, algunos consistorios y autonomías los escamotean, obligando al acreedor a recurrir a la vía contencioso-administrativa. Además, según denuncia el diario Expansión, los gobiernos locales, autonómicos y estatal aprovechan la situación de quiebra de las compañías como balón de oxígeno. Si ya son "muy malos pagadores por definición, en el proceso concursal toman aire", subrayan los expertos.

Decir que las administraciones públicas no pagan rápido es quedarse corto. Tradicionalmente, las empresas que contratan con el sector público han sufrido importantes demoras en el cobro de las cantidades acordadas. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado pagan, pero casi siempre tarde. A veces, todo lo tarde que pueden.

A ello hay que añadir que la fuerte caída de los ingresos tributarios ha golpeado con virulencia a las arcas locales, regionales y centrales. Por ello, cualquier rendija por la que obtener oxígeno es bienvenida. Los analistas consultados por el diario económico creen que vienen vacas flacas. "El sector público retrasará aún más sus pagos a las empresas en 2009", subraya Pere J. Brachfield, profesor de la Escuela de Administración de empresas y uno de los mayores expertos en morosidad de España.

Las antiguas quiebras o suspensiones de pagos, ahora rebautizadas bajo el nombre de concursos de acreedores, dan espacio al sector público para retrasar aún más sus pagos a las empresas. Los profesionales del sector más azotado por la crisis, el de la construcción, lo constatan. Luis Rodulfo, director general de la patronal de los suministradores de materiales de la construcción, Cepco, subraya que "el concurso le da aire en los pagos a la administración y a la empresa en suspensión de pagos, pero se lo quita a los proveedores".

El ámbito local es donde la situación pinta peor. "Todos los argumentos que tengan las entidades locales para diferir pagos son bienvenidos. Uno de ellos es el de retrasar la satisfacción de adeudos a las constructoras en situación concursal", argumenta Lucio Rivas, director del bufete Urbe Asesores y técnico urbanista.

La construcción concentra el mayor número de quiebras. Un 56% de las empresas españolas declaradas en concurso en 2008 son consecuencia directa de la crisis del sector, según un informe de Axesor. La patronal de los proveedores de la edificación, CEPCO, critica la "tensión de tesorería que supone cobrar más de 200 días tarde, con la posibilidad real de que el cobro no se produzca".

La Ley de Contratos del Sector Público marca un máximo de 60 días para que la administración satisfaga las cantidades acordadas con las empresas. Transcurrido ese tiempo (el mismo que tienen las empresas privadas), deberá pagar intereses de demora, cuya actualización semestral está en el 11,07%.

Ese plazo está lejos de cumplirse, y quienes recurran a la vía de lo contencioso administrativo a reclamar los intereses se arriesgan a verse relegados en su trato con la administración, apuntan los analistas.

Esa tardanza ha llevado a limitar a 30 días el pago de las obras públicas locales por valor de 8.000 millones del nuevo plan anticrisis. La cifra es importante, porque los ayuntamientos deben a las constructoras una media de nueve meses completos de producción, según fuentes del sector.

En general, y de media, el sector público español se retrasa hasta los 144 días, según un informe de Intrum Justitia. Y "la actual situación de desaceleración económica va a incrementar notablemente" ese plazo, según Luis Salvaterra, director general de dicha firma.

El plazo aumenta con las empresas concursadas. Y si éstas no obtienen ingresos del sector público, difícilmente satisfarán en su justa medida los pagos a los proveedores, pues el primer cobrador siempre será el empleado propio.


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