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En una carta enviada al presidente de la SEC, Chris Cox, los legisladores pidieron que se suspendan las normas que las empresas utilizan para medir e informar sobre ciertos activos y pasivos -generalmente instrumentos financieros- calculando el precio de venta de sus activos o el que pagarían al desprenderse de sus pasivos, informa Europa Press.
En virtud de esas disposiciones, establecidas por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) -que rinde cuentas a la SEC-, las compañías registran pérdidas cuando el "valor justo" de sus activos disminuye o cuando aumentan sus pasivos.
Esas mismas normas de contabilidad obligan a las instituciones financieras a asignar un "valor justo" a sus activos o pasivos cada trimestre. Un creciente número de legisladores considera que esas normas, en vigor desde noviembre de 2007, contribuyeron a la crisis financiera y ahora, entre las opciones que se barajan, piden que se suspendan.
En la misiva a Cox, el demócrata John Shadegg y el republicano Peter DeFazio indicaron que el Congreso de EE.UU. "debe proteger al pueblo estadounidense y permitir que nuestras instituciones financieras puedan emitir los préstamos necesarios para que marche la economía". Eso se puede lograr, argumentaron, si se suspenden las normas y se reemplazan con reglamentos que reflejen el verdadero valor de los activos.
"Podemos hacer esto sin obligar a los contribuyentes a que adquieran" activos sin liquidez, agregaron los congresistas. La idea también fue apoyada en una rueda de prensa por el ex presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Newt Gingrich, y por diversos ejecutivos de compañías financieras.
Los legisladores creen que la suspensión de las normas ayudaría a las empresas aquejadas con activos sin liquidez a raíz de la crisis hipotecaria. Sin embargo, afronta la oposición de grupos defensores de los consumidores y firmas de contables, que insisten en que las normas no crearon la crisis actual.
Grupos como el Centro para la Calidad en las Auditorías ("Center for Audit Quality") temen que un cambio serviría para que las empresas oculten el verdadero valor de los préstamos morosos, y realizan su propia campaña de presión para que las normas se mantengan.
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