LD (EFE) Según ha informado este jueves un portavoz de la Fiscalía, la querella acusa al director general de la Mutua y a otros responsables de haber desviado fondos públicos que son patrimonio de la Seguridad Social a fines distintos de los legalmente propios de la actividad mutualista.
De momento, la querella deja al margen a Juan Echevarría Puig, que ocupa ese cargo a título honorífico y no participa en la gestión de la entidad ni tiene ningún poder ejecutivo, por lo que sólo cobra dietas, no un sueldo.
De momento, la querella deja al margen a Juan Echevarría Puig, que ocupa ese cargo a título honorífico y no participa en la gestión de la entidad ni tiene ningún poder ejecutivo, por lo que sólo cobra dietas, no un sueldo.
No obstante, la Fiscalía ha puntualizado que el número de imputados en relación con la querella por malversación de fondos podría aumentar o disminuir en el curso de la instrucción, que está a cargo del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona y permanece bajo secreto de sumario.
Juan Echevarría Puig acudió este jueves al registro practicado por la Policía Nacional en la sede de la Mutua por voluntad propia, ya que no se le había requerido judicialmente, y posteriormente se reunió en un hotel de Barcelona con otros directivos de la entidad. En dicho registro la Policía estuvo buscando documentación y soportes informáticos que prueben el presunto desvío de fondos pertenecientes a la Seguridad Social por parte de los imputados, así como la existencia de una doble contabilidad en la empresa.
El portavoz de la Fiscalía Anticorrupción ha admitido que existen indicios de la existencia de esa doble contabilidad, pero que ello no podrá confirmarse hasta que no se examine la documentación y el material informático incautados en el registro de este jueves.
El ministerio público ha insistido en que las diligencias de investigación se están llevando a cabo "de la forma menos lesiva posible para el funcionamiento regular de la Mutua", por lo que no van a entorpecer la prestación de los servicios que le son propios. "La actividad de la Mutua como institución y sus prestaciones a los asociados, por tanto, no están en riego alguno, ni cabe sembrar inquietud alguna al respecto", subraya el portavoz de la Fiscalía.