LD (EFE) La eléctrica que preside Manuel Pizarro había pedido al Alto Tribunal que continuara con el procedimiento, ya que quería contar con una sentencia firme sobre el asunto para utilizarla como argumento jurídico en el caso de que alguna de las partes reclamara. Por el contrario, Gas Natural era partidaria del archivo al considerar que carecía de sentido continuar con el procedimiento. Cuando la gasista renunció a continuar con su OPA, el pasado 1 de febrero, la empresa se mostró convencida de que la situación que le condujo a desistir de la compra de Endesa no se ajustaba a Derecho y señaló que se reservaba la posibilidad de reclamar por los perjuicios ocasionados.
El archivo definitivo de la causa cierra un proceso iniciado en febrero de 2006 con la autorización condicionada dada por el Consejo de Ministros a Gas Natural para adquirir la eléctrica. La decisión del Gobierno fue recurrida días después por Endesa, que solicitó también la suspensión cautelar de la autorización.
A raíz de esa petición, el 21 de abril la Sala Tercera decidió suspender cautelarmente el permiso mientras se resolvía el recurso, lo que paralizó el proceso de compra y, como consecuencia, también la OPA competidora presentada por el grupo alemán E.On. Sin embargo, la operación se reactivó el pasado 11 de enero, después de que Endesa solicitara el levantamiento de la suspensión cautelar. La eléctrica tomó esta decisión al constatar que la oferta del grupo alemán había recibido todas las autorizaciones administrativas.
La OPA de Gas Natural estuvo también paralizada por orden del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid entre el 21 de marzo de 2006 y el 16 de enero de este año, fecha en la que la Audiencia Provincial de Madrid levantó la suspensión. Aunque la causa seguía viva en el Supremo, la pugna por el control de Endesa ha dado un vuelco radical en los últimos meses.
El pasado 1 de febrero, Gas Natural se retiró de la puja y dejó el camino libre a E.On. Sin embargo, la entrada de la constructora Acciona y de la eléctrica italiana Enel en el capital de Endesa obligaron al grupo alemán a buscar una salida negociada. Finalmente, el 2 de abril, Enel y Acciona llegaron a un acuerdo con E.ON por el que el grupo alemán desistió de la opa a cambio de activos de Endesa y de la eléctrica italiana. Unos días después Enel y Acciona, que controlan el 46 por ciento de Endesa, presentaron una oferta de compra para hacerse con el cien por cien de la eléctrica.
La OPA de Gas Natural sobre Endesa, aún tiene abiertos tres procedimientos en el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid. Uno de ellos, emprendido contra Gas Natural e Iberdrola por presunto pacto colusorio (concertación previa), llevó al juzgado a suspender de forma cautelar la oferta de la compañía gasista durante casi nueve meses.
Este procedimiento sigue vivo, ya que el juzgado aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, pero está paralizado a la espera de que se resuelva la recusación de la juez Miriam Iglesias solicitada por Gas Natural e Iberdrola. La paralización derivada de esa recusación afecta al futuro del aval de mil millones de euros que Endesa tuvo que depositar para cubrir los eventuales perjuicios por la suspensión cautelar de la OPA.
La petición del aval partió del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, la primera instancia judicial que suspendió la tramitación de la oferta de Gas Natural. Posteriormente, el Tribunal Supremo aceptó ese mismo aval como garantía al suspender el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó la OPA.
La Sala Tercera del Supremo levantó las medidas cautelares a petición de Endesa el pasado mes de enero, aunque la causa seguía viva hasta que el Alto Tribunal ha decidido hoy archivar definitivamente el recurso de la eléctrica. La devolución del aval a Endesa dependerá de si las partes reclaman o no daños por la paralización de la opa.
En el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid siguen abiertas otras dos causas al margen de la referida al supuesto pacto colusorio: una contra Gas Natural e Iberdrola por presunta asistencia financiera y otra contra Endesa por incumplir supuestamente el deber de pasividad.