LD ( V. Gago / Foto: Hotel Melia Volcán) La llamada "moratoria turística" empieza a dejar sentir efectos devastadores para los propietarios y también para la Hacienda pública, a medida que se conocen las primeras sentencias judiciales sobre el alud de recursos interpuestos en su día, contra la falta de claridad y el amplio margen de discrecionalidad de una de las normas más intervencionistas de la etapa constitucional en España.
Además de anular casi 8.000 plazas turísticas construidas desde la entrada en vigor de la llamada "moratoria turística", los tribunales de las Islas han empezado a emitir sentencias contra el experimento legislativo. Es el caso de un fallo del TSJC, conocido esta semana, que obliga al Gobierno regional de CC y PP a indemnizar a un hotelero de Gran Canaria por no acotar el plazo de vigencia de la moratoria ni ser claro en su aplicación
Con una tasa de paro que está a la cabeza y una de las Administraciones más asfixiantes, prohibicionistas y corruptas del país, Canarias se asoma a un panorama de anulación de licencias y condenas al Gobierno, Ayuntamientos y Cabildos, capaz de provocar el caos y la inseguridad en el sector turístico, fuente del 85 por ciento del PIB regional.
La moratoria turística se promulgó en 2000 por el Gobierno nacionalista de Román Rodríguez, hoy tránsfuga de CC en las filas de Nueva Canarias.
Primero fue un decreto de suspensión temporal de licencias de edificación. Luego, en 2003, se amplió a una estatista Ley de Directrices Generales y del Turismo que ordena dónde, cuándo, cuánto y cómo hacer negocios en Canarias, no sólo en el sector turístico, al modo de los planes quinquenales soviéticos.
Todo salió adelante gracias al apoyo que el PP viene prestando a CC desde 1993. No obstante, la actual doctrina del PP en las Islas es que la llamada moratoria ha creado más problemas de los que ha resuelto y debe derogarse. Su táctica para conseguirlo consiste en intentar convencer a sus socios nacionalistas, un objetivo al que los populares se dedican con denuedo pero sin éxito desde hace tres años.
Barra libre para funcionarios y políticos
Antes de aprobarse, la moratoria creó sus propios burladeros en la enorme discrecionalidad de los políticos y funcionarios del Archipiélago.
La información privilegiada sobre los planes del Gobierno empujó un torrente de proyectos urbanísticos en busca de licencia, hacia las ventanillas de los ayuntamientos, en los días inmediatamente anteriores a la aprobación del decreto. Legalmente, tenían que ser tramitados por la Administración, al haberse presentado antes de la promulgación, lo que, de entrada, provocó un aluvión de nuevas plazas turísticas en curso, es decir, lo contrario a lo que perseguía la ingeniería económica del Gobierno nacionalista.
Una vez aprobada la moratoria, la vía más segura para burlarla fue la discrecionalidad política y administrativa. El propio decreto de moratoria estableció "excepciones" a la suspensión de licencias, como que los proyectos fuesen "de interés general", lo que exigía una declaración previa para hoteles de lujo, especialmente si incluían campos de golf, balnearios o parques temáticos.
El olfato de funcionarios y políticos para detectar el "interés general" se ha convertido en estos ocho años de vigencia de la moratoria en la única puerta a la actividad económica en Canarias; también en una invitación segura a la conflictividad jurídica, aprovechada por unos y por otros, por propietarios indignados, y por colectivos ecologistas hiper legitimados por el espíritu de la moratoria, que consideran triunfo de su causa contra el desarrollo, la propiedad privada y la libertad económica.
Fruto de esa elevada litigiosidad, son las primeras sentencias que han comenzado a eclosionar en las salas de las dos audiencias provinciales y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Desde septiembre de 2007, según datos aportados por el diario El País el pasado domingo 16 de marzo, los tribunales de las Islas han anulado 7.721 plazas hoteleras ya construidas, sólo en Lanzarote, al estimar recursos presentados por colectivos ecologistas partidarios de una interpretación restrictiva de la moratoria.
Hay recursos pendientes hasta llegar a las 15.000 plazas anulables, lo que representaría un 24 por ciento, aproximadamente, de las plazas turísticas de la Isla conejera. La mayoría de esos recursos ha sido promovida por la Fundación César Manrique, foco ideológico del ecologismo prohibicionista.
Meliá e Iberostar, carne de derribo
Esta misma semana, se han conocido dos nuevas anulaciones, las del hotel Meliá Volcán e Iberostar Papagayo, en el municipio de Yaiza, al sur de Lanzarote.
Tanto Meliá como Iberostar, con base en Palma de Mallorca, se han apresurado a remarcar que sólo gestionan esos hoteles, pero no son sus promotores ni sus propietarios y, por tanto, "no tenemos nada que ver con posibles irregularidades cometidas durante la fase de tramitación de las licencias urbanísticas correspondientes", según han señalado fuentes de ambos grupos a la agencia Europa Press.
En los dos casos anulados, que pueden acabar en el derribo de los hoteles, los promotores son empresas locales: Riversun Inmuebles SL, propiedad de la familia de constructores Díaz Marrero, en el caso del hotel Iberostar Papagayo; y Lanzarote 6 SA, propiedad de la familia Martinón, en el Meliá Volcán.
Los Martinón son conocidos por sus pioneros negocios con el régimen castrista. Son de los primeros empresarios españoles que se asociaron a empresas estatales cubanas para explotar hoteles en la Isla, en tierras expropiadas por la dictadura. Enrique Martinón García es amigo personal de Fidel Castro. Según Forbes, es la sexta mayor fortuna de la isla-cárcel.
El tirano fue testigo de la boda del empresario canario con la médico cubana, Janet Martínez Morán, lo que no ha impedido que Martinón, que vive durante parte del año en La Habana, sea espiado con micrófonos y cámaras ocultas por los servicios secretos del régimen, al igual que otros empresarios, actores y cantantes españoles, a su paso por la Isla.
Al ser preguntado por los corresponsales sobre la joint venture de Meliá, Martinón, la canadiense Sherrit y la corrupta empresa estatal Cubanacán en el sector hotelero de Cuba, Fidel Castro comentó en una ocasión: "Meliá, la Sherrit y el socialismo... ¡Hum! Un símbolo y un síntoma de esta época".
Relacionado con un escándalo urbanístico en el PSOE
Enrique Martinón, bien relacionado con el PSOE, está envuelto en el escándalo urbanístico de La Gomera, un predio socialista desde 1979. El Cabildo y todos sus ayuntamientos son aplastantes mayorías del PSOE. Hubo un tiempo reciente en que el PP sólo obtenía un concejal y tenía en esta isla menos representación que en municipios vascos como Hernani o Mondragón.
La Fiscalía ha acusado formalmente de prevaricación y tráfico de influencias al consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Antonio Javier Trujillo Bernal, del PSOE, que ha dimitido el pasado mes de enero, aunque el secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, ha dicho que "confía en que dará una explicación satisfactoria" y no se le ha suspendido de militancia.
Según el escrito de la Fiscalía, Antonio Trujillo modificó el Plan de Ordenación de La gomera y el Plan Especial de Desarrollo Turístico de la Isla, así como el Plan General del municipio de Alajeró, para permitir la construcción de hoteles rurales en dos parcelas propiedad del consejero y de su hermano.
El fiscal calificó estas modificaciones de "algo inaudito, una tomadura de pelo, vulneración al sentido común y la norma".
El ardid del consejero socialista para burlar la moratoria y beneficiarse en sus propias parcelas de usos turísticos que están vedados a otros propietarios consistió, según la Fiscalía, en estimar una alegación al Plan General presentada por un taxista de Alajeró.
Según la investigación de la Fiscalía, el taxista se domicilió a sí mismo en la sede de una de las empresas de Enrique Martinón en la isla de Gran Canaria.
Lo que aún no se ha aclarado es qué compensaciones aguardaban a la familia Martinón por favorecer al consejero socialista.
Primera indemnización a un empresario afectado por la moratoria
Otra sentencia, conocida esta misma semana, ha aumentado la confusión sobre la validez de la moratoria turística en las Islas.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima parcialmente el recurso del empresario hotelero hispano-alemán Theo Gerlach contra el decreto de la moratoria. La sentencia obliga al Gobierno regional a indemnizar con 3 millones de euros al empresario, por el lucro cesante en una de sus parcelas en el sur de Gran Canaria, en la que pensaba construir un establecimiento hotelero de lujo, y para el que solicitó licencia al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, justo antes de la entrada en vigor de la moratoria.
El TSJC considera ilegal que la moratoria no defina el plazo de su propia vigencia, o que no estipule con claridad las excepciones a la norma, lo que deja un campo inaceptable de discrecionalidad a políticos y funcionarios.