L D (EFE) Enel y Acciona presentaron este viernes un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio contra la autorización dada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la OPA conjunta que han presentado sobre Endesa, informaron a Efe fuentes del sector energético.
En el texto, la eléctrica italiana y la constructora de la familia Entrecanales piden al departamento que dirige Joan Clos que suprima cuatro de las doce condiciones que les impuso la CNE, entre ellas la que permite al regulador energético revocar la autorización si afecta negativamente al interés general. Enel y Acciona también solicitan la supresión de la obligación de informar sobre su estrategia corporativa y sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas de Endesa.
En el texto, la eléctrica italiana y la constructora de la familia Entrecanales piden al departamento que dirige Joan Clos que suprima cuatro de las doce condiciones que les impuso la CNE, entre ellas la que permite al regulador energético revocar la autorización si afecta negativamente al interés general. Enel y Acciona también solicitan la supresión de la obligación de informar sobre su estrategia corporativa y sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas de Endesa.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ambas compañías sostienen que la interposición del recurso no afecta al desarrollo de la operación, ya que, como indican en el folleto de la OPA, "cumplirán las condiciones establecidas si no se lleva a cabo su modificación, revocación o pierden su eficacia por otra causa".
Las dos empresas creen que el regulador energético no ha hecho una valoración correcta de los riesgos que supone la operación para el suministro energético de España y entienden que las condiciones impuestas resultan desproporcionadas. Asimismo, consideran que la CNE se ha extralimitado en sus competencias al tener en cuenta la relación que existe entre Enel y el Gobierno italiano, propietario de un 30 por ciento de la eléctrica.
Enel y Acciona argumentan que el órgano competente para pronunciarse sobre este asunto es el Consejo de Ministros, según la disposición adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como "Ley Rato", que limita al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas.
Las dos compañías solicitan la supresión de la obligación de informar sobre su estrategia corporativa a corto, medio y largo plazo en aspectos que afecten a la seguridad pública y sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas de Endesa.
Las dos empresas creen que el regulador energético no ha hecho una valoración correcta de los riesgos que supone la operación para el suministro energético de España y entienden que las condiciones impuestas resultan desproporcionadas. Asimismo, consideran que la CNE se ha extralimitado en sus competencias al tener en cuenta la relación que existe entre Enel y el Gobierno italiano, propietario de un 30 por ciento de la eléctrica.
Enel y Acciona argumentan que el órgano competente para pronunciarse sobre este asunto es el Consejo de Ministros, según la disposición adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como "Ley Rato", que limita al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas.
Las dos compañías solicitan la supresión de la obligación de informar sobre su estrategia corporativa a corto, medio y largo plazo en aspectos que afecten a la seguridad pública y sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas de Endesa.
Por otro lado, la eléctrica italiana y la constructora española piden también la anulación de otras cuatro condiciones, que podrían aceptar si se redactasen en otros términos. Entre ellas, la que se refiere a la creación de una unidad orgánica dentro de la eléctrica española para gestionar sus activos nucleares y la que les obliga a mantener la autonomía en el aprovisionamiento de combustible y a garantizar el aprovisionamiento de gas natural al mercado español.
Asimismo, creen que se debería modificar el requisito que les obliga a presentar a la CNE un informe semestral sobre eventuales operaciones que impliquen cambios en la situación patrimonial de Endesa, así como las posibles operaciones entre la eléctrica y otras empresas participadas por Enel y Acciona en, al menos, un 20 por ciento.
La petición de anulación se extiende también a la obligación de asumir y realizar todas la inversiones comprometidas por Endesa en actividades reguladas y en activos considerados estratégicos, lo que incluye la remisión de un informe anual a la CNE desglosado por comunidades autónomas. Con carácter general, las dos compañías consideran que las obligaciones de informar deben tener una periodicidad anual.
Sin embargo, Enel y Acciona aceptan los requisitos que les obligan a mantener la autonomía de Endesa, su marca y sus centros de decisión en España y los activos eléctricos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, compromisos ya asumidos en el folleto de la OPA. Por último, las recurrentes piden que Industria aclare los términos de la exigencia de respetar, al menos, el consumo previsto en el Plan del Carbón 2006-2012 para las centrales de carbón de Endesa durante cinco años desde la toma de control de la eléctrica.
Asimismo, creen que se debería modificar el requisito que les obliga a presentar a la CNE un informe semestral sobre eventuales operaciones que impliquen cambios en la situación patrimonial de Endesa, así como las posibles operaciones entre la eléctrica y otras empresas participadas por Enel y Acciona en, al menos, un 20 por ciento.
La petición de anulación se extiende también a la obligación de asumir y realizar todas la inversiones comprometidas por Endesa en actividades reguladas y en activos considerados estratégicos, lo que incluye la remisión de un informe anual a la CNE desglosado por comunidades autónomas. Con carácter general, las dos compañías consideran que las obligaciones de informar deben tener una periodicidad anual.
Sin embargo, Enel y Acciona aceptan los requisitos que les obligan a mantener la autonomía de Endesa, su marca y sus centros de decisión en España y los activos eléctricos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, compromisos ya asumidos en el folleto de la OPA. Por último, las recurrentes piden que Industria aclare los términos de la exigencia de respetar, al menos, el consumo previsto en el Plan del Carbón 2006-2012 para las centrales de carbón de Endesa durante cinco años desde la toma de control de la eléctrica.