LD (EFE) Tal como anunció la semana pasada, sus alegaciones se centran en las 19 condiciones impuestas por el regulador energético español y pone mayor énfasis en las que le obligan a vender activos de Endesa.
Además, E.On considera que la CNE no puede pronunciarse sobre la operación porque el cambio regulatorio que le ha permitido analizar la OPA y emitir su resolución es posterior a la presentación de la oferta.
El pasado mes de febrero, unos días después de que E.On hiciera pública su OPA, el Gobierno modificó las funciones de la CNE para que pudiera analizar las operaciones de adquisición de empresas que realizan actividades reguladas en el sector energético (transporte y distribución de gas y electricidad) por terceros, caso de la OPA de E.ON sobre Endesa.
Además, amplió las competencias del regulador para que se pronunciara desde el punto de vista del interés general, sobre activos considerados estratégicos, como centrales nucleares o las que utilizan carbón nacional y los activos energéticos extrapeninsulares.
Nada más conocer el sentido de la decisión de la CNE, aprobada el pasado 27 de julio, E.On calificó los requisitos a la compra de injustificados y, la semana pasada, anunció su intención de recurrirla ante Industria. A partir de ahora, Industria dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver el recurso. E.On también puede denunciar la operación ante la Comisión Europea, aunque por el momento no tiene previsto hacerlo.
Entre las condiciones impuestas por la CNE se encuentra la obligación de enajenar 7.390 megavatios (MW) de Endesa, un tercio de la potencia instalada por la eléctrica en Españá. E.On deberá deshacerse de las centrales térmicas de la eléctrica que utilizan carbón nacional (Compostilla, Andorra y Anllares), los activos que tiene en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, la central nuclear de Ascó I, y ceder la gestión del resto de las nucleares participadas por Endesa: Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo.
La CNE se reserva también la potestad de obligar a E.On a vender la eléctrica española si durante los próximos diez años un tercero compra, directa o indirectamente, más del 50 por ciento del grupo energético alemán. Además, E.On no podrá fusionarse con Endesa en diez años y deberá mantener el domicilio social y el órgano de administración de la eléctrica en España.
Además, E.On considera que la CNE no puede pronunciarse sobre la operación porque el cambio regulatorio que le ha permitido analizar la OPA y emitir su resolución es posterior a la presentación de la oferta.
El pasado mes de febrero, unos días después de que E.On hiciera pública su OPA, el Gobierno modificó las funciones de la CNE para que pudiera analizar las operaciones de adquisición de empresas que realizan actividades reguladas en el sector energético (transporte y distribución de gas y electricidad) por terceros, caso de la OPA de E.ON sobre Endesa.
Además, amplió las competencias del regulador para que se pronunciara desde el punto de vista del interés general, sobre activos considerados estratégicos, como centrales nucleares o las que utilizan carbón nacional y los activos energéticos extrapeninsulares.
Nada más conocer el sentido de la decisión de la CNE, aprobada el pasado 27 de julio, E.On calificó los requisitos a la compra de injustificados y, la semana pasada, anunció su intención de recurrirla ante Industria. A partir de ahora, Industria dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver el recurso. E.On también puede denunciar la operación ante la Comisión Europea, aunque por el momento no tiene previsto hacerlo.
Entre las condiciones impuestas por la CNE se encuentra la obligación de enajenar 7.390 megavatios (MW) de Endesa, un tercio de la potencia instalada por la eléctrica en Españá. E.On deberá deshacerse de las centrales térmicas de la eléctrica que utilizan carbón nacional (Compostilla, Andorra y Anllares), los activos que tiene en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, la central nuclear de Ascó I, y ceder la gestión del resto de las nucleares participadas por Endesa: Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo.
La CNE se reserva también la potestad de obligar a E.On a vender la eléctrica española si durante los próximos diez años un tercero compra, directa o indirectamente, más del 50 por ciento del grupo energético alemán. Además, E.On no podrá fusionarse con Endesa en diez años y deberá mantener el domicilio social y el órgano de administración de la eléctrica en España.