El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, afirma que el hecho de que España tenga uno de los índices de paro más altos de Europa da credibilidad al Gobierno para plantear propuestas dirigidas a combatir el desempleo durante su presidencia de turno comunitaria.

López Garrido ha asegurado que España tiene "toda la credibilidad, la autoridad y la representatividad" para liderar el debate sobre el futuro modelo económico de la UE, la llamada "Estrategia 2020", a pesar de ser uno de los países que más está sufriendo la crisis.

El secretario de Estado se ha referido al debate sobre la estrategia de recuperación de la economía europea en un encuentro informativo con periodistas en Madrid para hacer balance del primer mes de la presidencia española.

Preguntado sobre si el desempleo en España lastra la capacidad de iniciativa del Gobierno, López Garrido ha insistido en que es un factor que "no afecta" negativamente.

A su juicio, puede dar, incluso, más credibilidad porque se ve que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "está muy interesado" en luchar contra el paro y definir un modelo de recuperación con objetivos "vinculantes y obligatorios".

"Cualquier país europeo tiene toda la autoridad y credibilidad para presidir la UE, incluso el país más pequeño", ha defendido el secretario de Estado después de recordar que España es la cuarta economía de la UE y "uno de los grandes".

En su opinión, las ideas que Zapatero ha propuesto cuentan con "todo el respaldo" de las instituciones y socios europeos.

Ha hecho hincapié en que la UE debe actuar de forma coordinada y dotarse de mecanismos para hacer exigibles los objetivos de la estrategia económica para esta década.

"Es la forma de hacerlos creíbles y salir de la crisis de forma sólida", ha dicho López Garrido, quien ha reiterado que Zapatero no habló de imponer sanciones a los países que no cumplan esas metas.

El secretario de Estado ha apuntado que será el presidente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, y la Comisión Europea los que propongan los instrumentos para evitar que los países miembros respeten los objetivos, en consulta con la presidencia española