La burbuja de las energías renovables en España ha estallado en 2009, a la vista de los últimos informes sectoriales. Este sector ha servido como ejemplo de modelo de desarrollo económico "sostenible" para muchos grupos sociales y políticos. Además, sus defensores han insistido en que se trata de un mercado generador de empleo. Sin embargo, los datos desmienten ahora tales afirmaciones y confirman que su crecimiento a base de subvenciones era insostenible.
Dicha conclusión ya fue avanzada por Libertad Digital. Así, un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos realizado por analistas del Instituto Juan de Mariana señalaba que cada "empleo verde" ha necesitado subvenciones por valor de 571.138 euros desde 2000.
De hecho, por cada trabajo creado en España en las renovables ha destruido un promedio de 2,2 empleos en el resto de la economía. El trabajo ha obtenido una gran repercusión medíática en EEUU mientras que ha recibido duras críticas, basadas en falsedades, en medios de comunicación nacionales próximos al Gobierno.
La cuestión es que, tal y como refleja el Informe Anual 2009 de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), este sector acaba de tocar fondo este verano. Y es que, mientras que el año pasado 31.300 personas trabajaron de media en esta industria y alcanzaron los 41.700 empleos en el momento pico de trabajo, en verano, en 2009 sólo se conservan 13.900 empleos. Es decir, desde septiembre de 2008 el sector solar ha perdido 27.800 empleos (un 66% del total), tal y como recoge Noemí Navas en Cinco Días.
El año pasado, el sector se esforzó en que las nuevas instalaciones construidas entraran en el marco regulatorio del Real Decreto 661/2007. A finales de septiembre, esta norma quedaba sin efecto y las previsiones marcaban que la nueva regulación no iba a ser tan favorable en cuanto a la retribución por la venta de electricidad.
El resultado fue que en 2008 se instalaron 2.600 MW, casi cuatro veces más que la potencia instalada el año anterior. Un "crecimiento insostenible" para la patronal Asif y que superaba con mucho los objetivos del Gobierno, fijados en 400 MW para 2010.
La nueva norma, aprobada el 26 de septiembre de 2008, buscaba dar "estabilidad" al sector. El Gobierno estableció un cupo anual de 500 MW para las instalaciones de suelo y techo y la obligación de inscribir las plantas en un registro de preasignación de potencia como condición indispensable para lograr las ayudas públicas.
Es decir, la modificación de la normativa muestra que el crecimiento que había experimentado este sector era del todo "insostenible" y tan sólo se fundamentaba en las generosas subvenciones que recibía de la Administración.
El establecimiento del mercado en 500 MW anuales ha obligado a una industria sobredimensionada para dar respuesta a los 2.600 MW a ajustarse. Los más perjudicados han sido "las empresas instaladoras", explica David Pérez, socio de la consultora Eclareon, según recoge Cinco Días.
En el momento pico de trabajo de la primavera-verano de 2008, el sector fotovoltaico empleaba a 41.700 personas. Sin embargo, un alto porcentaje de estos empleos no eran fijos; muchos de ellos seguían fórmulas tales como contratos de trabajo temporales, contratos por obra y servicio, contratos mercantiles a autónomos o subcontratas de empresas, indica el informe. "Teniendo en cuenta la duración media de estos contratos, el número de empleos directos durante el año completo sería de 31.300", añade.
Sin embargo, la gran caída del volumen de mercado en 2009 ha generado también un "derrumbe del empleo hasta los 13.900 empleos directos actuales", según reconoce el sector. "La inmensa mayoría de las empresas que participan en el segmento de promoción-instalación han prescindido de todos o casi todos los trabajadores temporales".
"En líneas generales, se puede afirmar que el número de personas que han dejado de trabajar para el Sector como consecuencia de la llegada del Real Decreto 1578/08 ha sido de 27.800", destaca el documento de Asif.
Además, el 82% del empleo generado en 2008 era de carácter temporal. La entrada en vigor de la nueva normativa, mucho más restrictiva que la anterior, producirá en el sector un "inevitable adelgazamiento en cuanto al número de empresas, y éstas serán más pequeñas".
Según Pérez, "este verano, la industria ha tocado fondo. Es el periodo de asimilación de la nueva ley, aún hay problemas de financiación y el precio de los módulos cae. Ahora cuestan la mitad que en 2008 y los promotores saben que bajarán más, por eso esperan".