El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó este viernes solicitar al Consejo Consultivo de la comunidad la elaboración de un dictamen sobre las "posibilidades" de interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al decreto ley que regula la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En rueda de prensa en Mérida tras la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno regional, Ángel Franco apuntó que la Junta de Extremadura considera que dicha norma "invade competencias" de las comunidades autónomas en el apartado relativo a la regulación de los procesos de reestructuración de entidades de crédito.

En su intervención, aclaró que la Junta comparte el "buen fin" del texto, que aún tiene que convalidarse en el Congreso de los Diputados, en tanto que el sector financiero "debe ser objeto de atención prioritaria" a tenor de que "en general (el citado sector) también está sufriendo la crisis económica y está atravesando problemas de una drástica reducción de sus beneficios empresariales".

No obstante, y tras insistir en el "acuerdo" del Ejecutivo extremeño con la intencionalidad del decreto ley, resaltó que el Consejo de Gobierno estima que "pudiera haber algún vicio de inconstitucionalidad" en lo que hace referencia particularmente a la normativa de las cajas de ahorro, informa Europa Press.

Así, aclaró que en el título octavo de la Constitución, en el propio Estatuto de Autonomía y en dos leyes regionales (en concreto la de Cajas de Ahorro y la de Cooperativas de Crédito) "hay una competencia" que asigna al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a la "necesaria autorización administrativa para proceder llegado el caso a procesos de fusión o absorción de cajas de ahorro o cooperativas de crédito regionales".

Esta normativa, según indicó el consejero, contiene un "tratamiento similar" en "todos" los estatutos de autonomía de "todas" las Comunidades Autónomas.

Cataluña también se queja

Mientras, el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, cree que "hay indicios" de que el FROB puede invadir competencias, con lo que la Generalidad las defendería mediante la petición de un dictamen para poder recurrirlo.

Castells se refirió el jueves al decreto estatal para reestructurar las fusiones de cajas de ahorro aprobado la semana pasada por el Gobierno, y que faculta al Banco de España a autorizar fusiones de cajas, pasando por encima de la competencia de gobiernos autonómicos como el de la Generalidad para "vetarlas".

En la respuesta a una interpelación parlamentaria del diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó, el conseller Castells explicó que el Gobierno catalán valora positivamente el instrumento que representa el FROB, pero es el primero que "será garante" de las competencias de la Generalidad en la materia.

"Los servicios jurídicos están estudiando el decreto y, si de su informe se desprende" que puede haber una invasión competencial, obrarán "en consecuencia", para lo cual pedirán un dictamen al Consejo Consultivo, como paso previo a la presentación de un requerimiento de incompetencia y de un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional.

"Se trata -añadió- de un tema de país, en el que Gobierno y oposición compartimos puntos de vista, por lo que estoy convencido de que saldremos de esta crisis con un sistema mejor y defenderemos nuestras competencias", informa Efe.

Andalucía también

Por otro lado, el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía , Luis Pizarro, valoró positivamente el FROB, aunque manifestó que el Ejecutivo andaluz está obligados a estudiar si este decreto "invade competencias", lo cual está haciendo el servicio jurídico.

En rueda de prensa, Pizarro dijo que valora "positivamente" la iniciativa del Gobierno en relación con la puesta a disposición de unos fondos para que eso contribuya a las alianzas estratégicas de fusiones entre distintas entidades financieras.

A juicio del dirigente socialista, "es la manera de contribuir a que el sistema financiero se fortalezca a través de esas alianzas estratégicas y de esas fusiones", lo cual recordó que la Junta "ha venido manifestando a lo largo de los años", ya que "ese es el camino que hay que seguir".

No obstante, el consejero de Gobernación indicó que están obligados a estudiar si el decreto invade competencias de la comunidad autónoma, lo cual ya está haciendo el servicio jurídico del Gobierno de la Junta de Andalucía.