L D (Europa Press) Las compañías interesadas en hacerse con las autopistas galas tendrán que presentar sus primeras ofertas, no vinculantes, pero en las que tendrán que incluir ya una propuesta económica inicial.
El Ejecutivo francés, que adelantó que la resolución de estos procesos podrá retrasarse varios meses, venderá sus participaciones en Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (Sanef), de la que posee el 75 por ciento del capital; Autoroutes Paris-Rhin-Rhone (APRR), de la que es propietaria del 70 por ciento, y del 50 por ciento de Autoroutes du sud de la France (ASF). En total, las compañías por las que pugnarán las sociedades españolas gestionan casi 8.000 kilómetros de la red de autopistas francesa.
Ante el gran volumen financiero y la trascendencia política de las operaciones, las compañías españolas estudian desde hace días su posible integración en distintos consorcios internacionales, para aumentar las opciones de éxito de sus candidaturas. A pesar de que Ferrovial, Abertis, Sacyr y FCC no han hecho público a qué procesos desearían concurrir, en Francia se da por hecha la presencia española al menos en la pugna por la privatización de ASF.
Además de los cuatro grupos españoles, han manifestado su intención de presentar ofertas la francesa Eiffage, en asociación con la australiana Macquarie (con APRR y Sanef como principales objetivos); la constructora gala Vinci (especialmente interesada en la ASF, de la que ya posee el 23 por ciento) y la italiana Autostrade que, según señala la prensa francesa, podría buscar un acuerdo con Abertis para presentar candidaturas conjuntas.
Brisa, principal concesionaria portuguesa y séptima firma del sector a nivel europeo, podría completar la lista de ofertantes. El grupo constructor galo Bouygues anunció recientemente, en contra de lo esperado en el sector en Francia, su decisión de concurrir a estos procesos, al considerarlos como meras operaciones financieras ajenas a su vocación empresarial.
Las ofertas que presentarán las distintas compañías este lunes serán meramente "indicativas" y "no vinculantes". El Estado francés espera hacerse con entre 11.000 y 13.000 millones de euros con estas operaciones, que han suscitado cierta polémica en círculos económicos franceses, contrarios a que el control de sus autopistas pueda quedar en manos de grupos extranjeros.