L D (Agencias) Esta acción administrativa de responsabilidad patrimonial contra la Administración Pública la presentaron en nombre del consejero de Fórum, también imputado en el caso, Miguel Ángel Hijón, y de su hermana Pilar Hijón Rodríguez, ambos acreedores del concurso. Hijón declaró ante la Audiencia Nacional que su cantidad invertida en la filatélica no llegaba a los 30.000 euros.
La cifra reclamada es inferior en 345 millones de euros al 'agujero' patrimonial determinado por la administración concursal en su informe, que alcanza los 2.843 millones de euros, frente a un activo de 922 millones de euros. En el documento, los demandantes consideran que existe una "evidente pasividad de las Administraciones Públicas para garantizar la seguridad jurídica de Fórum Filatélico y de sus clientes-consumidores". Según especifica el documento, el Estado incumplió la obligación de legislar, provocando un "perjuicio evidente".
La defensa de Fórum Filatélico alega en sus conclusiones que "donde siempre existió un contrato de compraventa de sellos con pacto de recompra, existió con efecto retroactivo una operación financiera de préstamo por parte de los clientes, a Fórum Filatélico, operación ésta en la que la prestataria no había contabilizado sus obligaciones de devolución de lo prestado, lo que necesariamente, desde una perspectiva contable, le llevó a la situación concursal".
Las reclamaciones van dirigidas a depurar la responsabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al considerar que todas ellas declararon, durante los 27 años de funcionamiento de Fórum, su actividad como "comercial y no financiera", según la demanda.
En el documento, de 49 páginas, se alega que desde la constitución de la empresa en 1979 su operatividad "siempre" se ha basado en contratos de compraventa con opción de recompra. La intervención judicial del pasado 9 de mayo realizada "sorpresivamente, de una manera brutal y sin previo aviso" fue la causante de la actual situación concursal de Fórum y la que "cambió la calificación jurídica de los contratos".
De este modo, según los demandantes, la intervención judicial provocó el cambio de la naturaleza de los contratos pasando de ser una compraventa de filatelia con opción de recompra a convertirse en una operación financiera de préstamo que obligaría a la devolución de lo prestado y a aprovisionar el importe de las cantidades a devolver. La falta de esas provisiones y la incapacidad de formalizar nuevos contratos provocada por la intervención fue lo que abocó a Fórum a la liquidación concursal. Asimismo, se acusa a la Hacienda Pública de ingresar, durante todo este tiempo y "sin protesta alguna" las cantidades correspondientes al Impuesto de Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Para determinar la franja de daños provocados por la intervención, la defensa de Briones contrató a varios peritos económicos que han estado trabajando desde el pasado mes de enero -fecha en la que se hizo público el informe de la administración concursal- sobre los datos arrojados por los administradores, así como los aportados por los propios ex directivos de la filatélica para determinar estas cuantías. La horquilla de reclamación se situaba hasta ayer entre los 2.600 y 4.000 millones de euros, según informaron fuentes de la defensa.
El informe de los administradores concursales de Fórum determinó un agujero patrimonial de 2.843 millones de euros y otorgó a los sellos un valor de 250 millones de euros. Por su parte, el ex presidente de la filatélica declaró que la compañía tenía liquidez suficiente para hacer frente a los más de 3.000 millones de euros de compromisos con los clientes y valoró la filatelia en unos 1.500 millones de euros.