La sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado este jueves a analizar los recursos presentados por Gas Natural, Iberdrola y Endesa contra el auto del juzgado mercantil que paralizó la OPA de la compañía gasista, y prevé resolverlos a finales de la próxima semana. Gas Natural e Iberdrola niegan que haya existido pacto colusorio (concertación previa) entre ellos para eliminar a un competidor y repartirse el mercado energético, tal como sostiene Endesa, y piden que se levanten las medidas cautelares. Endesa, por su parte, reclama que el aval de mil millones de euros fijado por el juzgado mercantil para hacer efectiva la suspensión se reduzca a un millón.
Si la Audiencia Provincial admite los planteamientos de Gas Natural e Iberdrola y levanta la suspensión cautelar, el proceso de opas quedará desbloqueado, ya que el Tribunal Supremo levantó ayer las medidas cautelares dictadas en abril. El letrado de Endesa ha defendido en su intervención que las medidas cautelares "fueron justamente concedidas" por el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, porque en aquel momento existía un riesgo cierto de que la opa de Gas Natural provocara "perjuicios irreversibles". Según Caínzos, la situación ahora es distinta, ya que la OPA de E.On, que se enfrentaba entonces a la "oposición" del Gobierno, ha superado todos los trámites administrativos. Por ese motivo, Endesa ha pedido al propio juzgado mercantil que levante las medidas cautelares.
Caínzos ha insistido en que existió un pacto colusorio entre Gas Natural e Iberdrola para eliminar a su principal competidor, Endesa, y para repartirse el mercado energético y crear un "duopolio". Según el letrado de Endesa, ese pacto se instrumentalizó a través de la OPA formulada por la compañía gasista y del acuerdo de compraventa de activos suscrito el 5 de septiembre de 2005 entre Gas Natural e Iberdrola.
Si la Audiencia Provincial admite los planteamientos de Gas Natural e Iberdrola y levanta la suspensión cautelar, el proceso de opas quedará desbloqueado, ya que el Tribunal Supremo levantó ayer las medidas cautelares dictadas en abril. El letrado de Endesa ha defendido en su intervención que las medidas cautelares "fueron justamente concedidas" por el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, porque en aquel momento existía un riesgo cierto de que la opa de Gas Natural provocara "perjuicios irreversibles". Según Caínzos, la situación ahora es distinta, ya que la OPA de E.On, que se enfrentaba entonces a la "oposición" del Gobierno, ha superado todos los trámites administrativos. Por ese motivo, Endesa ha pedido al propio juzgado mercantil que levante las medidas cautelares.
Caínzos ha insistido en que existió un pacto colusorio entre Gas Natural e Iberdrola para eliminar a su principal competidor, Endesa, y para repartirse el mercado energético y crear un "duopolio". Según el letrado de Endesa, ese pacto se instrumentalizó a través de la OPA formulada por la compañía gasista y del acuerdo de compraventa de activos suscrito el 5 de septiembre de 2005 entre Gas Natural e Iberdrola.
Gas Natural e Iberdrola niegan concertación previa
Por su parte, el representante de la compañía gasista, Pablo Ureña, ha negado que existiera concertación previa con Iberdrola y dijo que la demanda formulada por Endesa sólo era "una estrategia para paralizar la OPA". Ureña ha subrayado que no hubo reparto de mercados ni acción concertada, y explicó que los acuerdos de compraventa de activos no están prohibidos ni por la legislación española ni por la comunitaria. En este caso, dijo, el objetivo del acuerdo era ofrecer un "plan de remedios" ante la posibilidad de que las autoridades de la competencia exigieran desinversiones para autorizar la OPA, tal como ocurrió.
El letrado de Gas Natural recuerda, además, que el acuerdo se sometió al Servicio y al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la Comisión Nacional de la Energía. "Es muy raro que un pacto colusorio se someta a las autoridades de la competencia", ha dicho. Ureña recalcó que la OPA lanzada sobre Endesa no depende del acuerdo de compraventa de activos, que, además, está supeditado al éxito de la oferta.
El abogado de Iberdrola, Ramón Hermosilla, ha incidido, por su parte, en que el juzgado mercantil no tenía jurisdicción para dictar medidas cautelares, ya que, dijo, se trata de dos operaciones de concentración que corresponden al ámbito contencioso-administrativo. Hermosilla ha indicado que el auto del juzgado mercantil es "una pirueta" para llegar a una conclusión determinada sin ninguna prueba. El letrado de Iberdrola ha rechazado que existiera riesgo de daños irreparables porque no había certeza de que la OPA de Gas Natural saliera adelante. Tanto Gas Natural como Iberdrola han mantenido en el juzgado que el aval impuesto por la juez es insuficiente.
El letrado de Gas Natural recuerda, además, que el acuerdo se sometió al Servicio y al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la Comisión Nacional de la Energía. "Es muy raro que un pacto colusorio se someta a las autoridades de la competencia", ha dicho. Ureña recalcó que la OPA lanzada sobre Endesa no depende del acuerdo de compraventa de activos, que, además, está supeditado al éxito de la oferta.
El abogado de Iberdrola, Ramón Hermosilla, ha incidido, por su parte, en que el juzgado mercantil no tenía jurisdicción para dictar medidas cautelares, ya que, dijo, se trata de dos operaciones de concentración que corresponden al ámbito contencioso-administrativo. Hermosilla ha indicado que el auto del juzgado mercantil es "una pirueta" para llegar a una conclusión determinada sin ninguna prueba. El letrado de Iberdrola ha rechazado que existiera riesgo de daños irreparables porque no había certeza de que la OPA de Gas Natural saliera adelante. Tanto Gas Natural como Iberdrola han mantenido en el juzgado que el aval impuesto por la juez es insuficiente.
El presidente del tribunal, el magistrado Enrique García, ha explicado que la resolución de los recursos estará lista a finales de la próxima semana. Si la Audiencia Provincial los rechaza, el proceso de opas seguirá bloqueado, aunque Endesa ha pedido al juzgado mercantil que levante la suspensión cautelar. El problema es que la titular del mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, ha sido recusada por Gas Natural e Iberdrola, lo que puede alargar el proceso.