En las últimas semanas el Ejecutivo ha pedido a los ciudadanos “solidaridad” para ayudar a las personas que han perdido su empleo. El argumento del Gobierno es el siguiente: los ciudadanos que trabajan en España (18 millones) deben pagar más impuestos para cubrir el gasto en prestaciones sociales. Pero este enfoque es falaz.
En primer lugar hay que recordar que el gasto en prestaciones por desempleo corresponde a los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM). Este organismo público tiene una caja en la que se van ingresando las aportaciones que realizan los trabajadores y las empresas (a través de sus nóminas) y sólo en casos de excepción se realizan dotaciones en los Presupuestos Generales del Estado para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos.
A pesar de que el ministro de Trabajo descartaba que el INEM entrara en déficit (es decir, que gaste más de lo que ingresa), este hecho se produjo a finales del pasado año. Y desde entonces es el Estado el que tiene que inyectar fondos (de los contribuyentes).
La última vez que hubo que tapar el agujero en el INEM fue el pasado junio, cuando el Consejo de Ministros permitió al Ministerio de Trabajo solicitar un crédito extraordinario de 17.000 millones de euros para pagar las prestaciones por desempleo.
No cogió a nadie por sorpresa, ya que el pasado octubre las cifras ya mostraban que el presupuesto destinado a estas prestaciones se agotaría antes del verano, tal como avanzó LD.
Ahora, con el INEM en números rojos, el Gobierno tiene que recurrir directamente a los Presupuestos Generales del Estado, que para 2010 estiman un desembolso de 32.000 millones para pagar los subsidios de desempleo.
A pesar de que desde Moncloa se repite una y otra vez que la mayor parte del gasto es para esta partida los números revelan la falta de rigor del Ejecutivo: estas prestaciones suponen un 17% del gasto total del Estado previsto para el año que viene.
En concreto, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunció el pasado sábado que el gasto público del Estado alcanzará los 185.249 millones de euros. Por lo tanto, como las prestaciones por desempleo captaran 32.000 millones (según datos de 2009), el porcentaje es del 17%.
Aunque el peso de las prestaciones en el gasto puede ser menor, si se tiene en cuenta la previsión del presidente del Gobierno, que cifra en 15.000 millones de euros el gasto en prestaciones para el año próximo. En este caso el pocentaje es del 8%.
La gran diferencia entre el 17% y el 8% se explica por el truco empleado por el Gobierno para esconder el volumen de gasto. Los 32.000 millones dotados para este año servirán, en parte, para las prestaciones de 2010.