L D (EFE) La patronal accede así a una exigencia reiterada de los sindicatos de que todos los participantes en la mesa de negociación tengan por escrito sus propuestas, hecha el pasado 10 de octubre y que tuvo su efecto, porque ocho días después el Gobierno entregaba su propuesta a los interlocutores sociales.
En rueda de prensa el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, explicó que en el primer año de vigencia del contrato de fomento estable la indemnización sería de ocho días, en el segundo de doce, en el tercero de 16 y en el cuarto de 20. Con la implantación de este contrato fijo –en detrimento del actual, que fija una indemnización por despido de 45 días con un tope de 42 mensualidades– se lograría que cinco millones de trabajadores temporales se convirtieran en estables, según Jiménez Aguilar. Esto posibilitaría, añadió, que la tasa de temporalidad en España se rebajase en doce puntos y que se equiparse a la de la Unión Europea.
Otra de las medidas que propone la CEOE es que, en el caso de los despidos colectivos, se suprima la autorización administrativa y se establezca un procedimiento reglado de negociación y consultas, y que el juez no entre a calificar la "adecuación y oportunidad de la decisión empresarial". Asimismo, la patronal pide que se equiparen los supuestos de nulidad en los despidos objetivos a los disciplinarios y que la duración máxima legal de un contrato eventual pueda ser ampliado por convenio colectivo y que éste también sirva para evitar los "encadenamientos abusivos".
Los empresarios también defiende que sus cotizaciones por desempleo se rebajen "tres puntos en tres ejercicios", así como las destinadas al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que se eliminen las de contingencias comunes y que las bonificaciones por contratar a grupos de especial dificultad y las políticas activas de empleo se costeen vía impuestos.
Otra de las medidas que propone la CEOE es que, en el caso de los despidos colectivos, se suprima la autorización administrativa y se establezca un procedimiento reglado de negociación y consultas, y que el juez no entre a calificar la "adecuación y oportunidad de la decisión empresarial". Asimismo, la patronal pide que se equiparen los supuestos de nulidad en los despidos objetivos a los disciplinarios y que la duración máxima legal de un contrato eventual pueda ser ampliado por convenio colectivo y que éste también sirva para evitar los "encadenamientos abusivos".
Los empresarios también defiende que sus cotizaciones por desempleo se rebajen "tres puntos en tres ejercicios", así como las destinadas al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que se eliminen las de contingencias comunes y que las bonificaciones por contratar a grupos de especial dificultad y las políticas activas de empleo se costeen vía impuestos.
Trabajo dice que hay medidas que “no son razonables”
En su análisis de la propuesta, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, puso el énfasis en que hay medidas que "no son razonables". Entre ellas citó el que se defienda que el contrato ordinario se deje de utilizar, que se rebajen las cotizaciones empresariales de forma generalizada y que el FOGASA financie también los despidos improcedentes de las pequeñas empresas.
También Gómez rechazó el que se quiera anular la tutela judicial en el caso de los despidos, así como la administrativa. Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Liceras, coincidieron en que la propuesta de CEOE dificulta la posibilidad de llegar a un acuerdo.
No obstante, precisaron que es el momento de negociar y de seguir profundizando en las materias, aunque denunciaron que el único objetivo de la patronal es abaratar el despido y quitar los derechos a los contratos indefinidos para mejorar la temporalidad. Los representantes sindicales también criticaron la tardanza con la que la CEOE ha accedido a su demanda de que presentase por escrito sus planteamientos –el Gobierno lo hizo el pasado 18 de octubre, mientras que los sindicatos lo hicieron el pasado 19 de abril–. Preguntado Gómez si, con este panorama, es posible el acuerdo, dijo que lo "sigue siendo" como demuestra el hecho de que se han fijado una nueva reunión el próximo día 3 de noviembre.
En cuanto a si el Gobierno legislará si no hay acuerdo entre las partes, recordó que el protocolo acordado establece la posibilidad de que el Ejecutivo legisle y que sólo tenga en cuenta a los agentes sociales en un procedimiento consultivo. "Ese no es el escenario", puntualizó el secretario general de Empleo, que hizo hincapié en que "estamos en un proceso de negociación".