Tal como adelantó LD, el Gobierno ha iniciado una ofensiva para intentar aumentar la recaudación fiscal como sea. Primero aprobó la mayor subida de impuestos de la historia, después ordenó a los inspectores que aumenten un 15% los ingresos (bajo amenaza de bajada salarial) y ahora lanza un plan antifraude que, en lugar de perseguir a los grandes delincuentes fiscales, se centra en las familias, pequeños comerciantes y profesionales autónomos.
Según publica este miércoles Jesús García en La Gaceta, una casa de lujo o un vehículo de alta gama serán “signos externos de defraudación”, siempre que el investigado no sea un político, ya que los diputados, senadores y miembros de las ejecutivas de los partidos tienen carta blanca. De hecho, hasta el 75% de sus ingresos no tributan al Fisco.
Con la aprobación el pasado viernes a bombo y platillo del nuevo Plan Integral de Prevención del Fraude, el Gobierno quiso transmitir la idea de que se iba a perseguir hasta el último resquicio la economía sumergida en España. Sin embargo, a medida que se van desgranando cada una de las actuaciones que se pondrán en marcha, la pregunta que surge es: ¿qué se ha hecho hasta ahora y por qué han tenido que pasar tantos años para que la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, luchasen codo con codo en esta lucha contra el fraude?
De hecho, la principal novedad del plan será, precisamente, esta colaboración entre estos organismos inspectores de lo laboral y lo fiscal. La iniciativa pone también en el punto de mira la contratación de becarios, el control de las horas extraordinarias y la actividad de los negocios regentados por chinos, los populares “todo a cien”.
El Ministerio de Economía y Hacienda cifra ahora en 4.000 millones el impacto del plan antifraude aprobado en el último Consejo de Ministros para el periodo 2010-2013. El objetivo inicial era obtener unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB (unos 1.000 millones de euros), pero días después de lanzar el programa las previsiones de recaudación se han duplicado, sin que el Gobierno haya explicado la justificación del nuevo cálculo.
Así, según lo explicado el pasado viernes, el nuevo plan solo iba a añadir 1.000 millones de recaudación adicional, al cabo de tres años, a los resultados que ya vienen dando las actuaciones de control de la Administración Tributaria (8.119 millones, en el 2009).