A las 12:00 horas, convocados por una asociación de funcionarios y laborales -Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública - que nació para enfrentarse al decreto-ley 5/2010, 50.000 personas, según los organizadores, desfilaron por las calles de Sevilla. De esta forma demostraron tener más convocatoria y fuerza entre los empleados públicos que los tradicionales sindicatos autodenominados de clase UGT y CCOO que son los únicos, hasta ahora, que han llegado a un pacto con el gobierno de Griñán en cuanto a la integración de la totalidad de la llamada Administración Paralela – cifrada en 35.000 personas por UGT - en la Junta de Andalucía y la disolución de la práctica totalidad de la función pública andaluza.
Había más funcionarios y laborales manifestándose contra el decreto-ley que manifestantes convocados el día de la huelga general convocada por las centrales sindicales del 8 de junio de 2010 contra el famoso decretazo que bajaba un 5% el sueldo de los empleados públicos. En la manifestación había trabajadores de todos los estratos, puestos de PLD, subdirectores generales, jefes de servicio, ex altos cargos de nivel 30 manifestándose mezclados con puestos base. Y personal de todas las provincias, de todas las consejerías y delegaciones afectadas, de organismos autónomos, de menores, de centros de educación. Todo un corolario de muestra de los 48.000 empleados públicos con los que cuenta la administración general de la junta de Andalucía. Todos unidos bajo camisetas de colores con lemas alusivos al "No al Decreto-Ley". Había un mar de camisetas naranjas de Consejería de Salud y Medio Ambiente, violetas de Torretriana, blancas de Obras Públicas, delantales anaranjados.
La revuelta de los trabajadores de la Junta de Andalucía contra la imposición gubernamental del Decreto-Ley 5/2010 y el acuerdo de apoyo de UGT-CCOO al mismo tenía enfrente la mayor concentración de funcionarios y laborales habida en Sevilla desde la huelga general de la función pública del 26 de abril de 1990. Hasta entonces hay que remontar la memoria para encontrar tal espíritu contestatario. Entonces, gracias a ello, se alcanzó un hito en los acuerdos de función pública: el famoso Acuerdo de Estabilidad para funcionarios y laborales.
El golpe de efecto que los propios empleados públicos dan con esta manifestación es importante y en dos sentidos: por un lado al gobierno regional, incapaz de maniobrar ante la avalancha de protestas y abucheos a cualquier acto público para que derogue el Decreto-Ley. Y por otro lado a las centrales sindicales UGT y CCOO, porque al margen de ellas han movilizado la mayor masa de empleados públicos en Sevilla en 20 años y han formado en un tiempo récord un sólido cuerpo reivindicativo. De hecho, la convocatoria de la manifestación tuvo un importante desarrollo a través de email y de los blogs de internet.
La manifestación comenzó en la Alameda de Hércules con la lectura de un comunicado donde indicaban el rechazo ante el decreto y contestaban al PSOE que los acusa de ser marionetas del PP así como a la UGT que les acusa de querer instaurar un gobierno de burócratas. Después se cantó el himno de Andalucía y se avanzó lentamente hacia el Parlamento. En este punto final de la concentración se podía cómo había entre 30.000 y 50.000 personas manifestándose pacíficamente con presencia de pitadas y de cánticos contra el Decreto-Ley y el gobierno de Griñán. Al final de la misma se situaban centrales sindicales que manifestaban su apoyo a la plataforma como CSIF, USTEA o USO.
Al llegar al Parlamento cientos y cientos de manifestantes lanzaron enchufes de toda clase, así como ladrones eléctricos, a los jardines del Parlamento de Andalucía para mostrar su rechazo al decretazo. Gesto, por otro lado, que fue aplaudido vivamente por los asistentes.