LD (Europa Press) En este caso, Iberdrola entiende que Francia ha violado los artículos 87 y 88 del Tratado de la UE, relativos a las ayudas de Estado, por el modo en que ha aplicado la vinculación del régimen francés de jubilación del ramo de las industrias eléctricas y del gas (IEG) –en el que figura EDF– con los regímenes de jubilación de derecho comunitario.
El problema surgió en 2003, cuando se privatizaron estas IEG. Las nuevas sociedades privadas tuvieron que asumir todos los compromisos con la Seguridad Social en materia de pensiones de sus empleados. Iberdrola entiende que la aportación de estas empresas fue insuficiente y que las mismas recibieron ayudas estatales.
En diciembre de 2003, el Ejecutivo comunitario consideró que esta práctica no constituyó una ayuda de Estado, tras constatar el compromiso expreso de Francia de hacer que la operación fuese neutra desde un punto de vista financiero para las empresas, los regímenes receptores y el Estado.
Iberdrola estima ahora que el Gobierno francés ha incumplido sus obligaciones y denuncia que la ayuda beneficia especialmente a EDF, ya que esta empresa aglutina al 80 por ciento del colectivo afectado. Además, calcula que la compensación que habría tenido que satisfacer la compañía estatal para cumplir su compromiso ante Bruselas supera los 5.000 millones.
Por lo pronto, la eléctrica española ha instado a la Comisión a que verifique el alcance de las supuestas ayudas haciendo uso de los poderes y prerrogativas de los que dispone.