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Industria quiere frenar por un lado la instalación masiva de parques solares por productores ajenos al sector y, por otro, que se produzca un incremento excesivo de la tarifas eléctricas como consecuencia de las primas que reciben por su producción, 450 euros por megavatio-hora (MWh). Con esos precios, si se alcanzaran los 2.000 megavatios (MW) de potencia instalada el coste que tendrían que afrontar los consumidores sería de 1.000 millones de euros anuales.
Esta cifra es similar a la que recibe la eólica, que tiene 13.000 MW de potencia instalada, o a la remuneración anual de Red Eléctrica de España (REE), empresa que actúa como operador y transportista del sistema.
La propuesta elaborada por Industria extiende la retribución actual hasta el 29 de septiembre de 2008 y establece un nuevo sistema de tarifas y primas, basado en el utilizado en Alemania, que entrará en vigor cuando se alcance el objetivo de 1.200 MW.
La CNE analizó la semana pasada esta propuesta y recomendó al Ejecutivo que todas las instalaciones inscritas en el registro administrativo antes del 30 de septiembre de 2008 recibieran las primas actualmente en vigor, se haya superado o no este umbral.
El organismo regulador instó también a Industria a elaborar un nuevo Real Decreto para las plantas que empiecen a operar a partir de octubre de 2008.
Desde la patronal del sector, se reconoce la necesidad de ajustar su crecimiento y se propone un modelo basado en plantas pequeñas, con un incremento anual de la potencia solar en torno al 20 por ciento que irá acompañado de una progresiva reducción del coste del kilovatio fotovoltaico, un 5 por ciento anual a partir de 2010, y que podría permitir alcanzar los 20.000 MW en 2020.
Desde el Ejecutivo reiteran su apuesta por el fomento de las renovables pero siempre que sea con unos costes asumibles.
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