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DE LA ROSA, DE NUEVO EN PRISIÓN

Informe: Manuel Prado y Colón de Carvajal y la "operación Wardbase"

El empresario catalán Javier de la Rosa ingresó el domingo en la prisión de Alcala-Meco para cumplir la condena de cinco años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional en la sentencia del caso Wardbase. Esta sentencia, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que el pasado día 12 decidió confirmar la pena.

(Libertad Digital) En la vista de la llamada "operación Wardbase" se enjuició el pago, en 1992, de 1.900 millones de pesetas (11,4 millones de euros) por parte del Grupo Torras a Manuel Prado y Colón de Carvajal. Esta operación fue la primera de las piezas en las que se dividió el caso Torras que llegó a juicio oral desde que se iniciara la instrucción hace ya más de once años; mientras que la segunda de ellas, la conocida como ICSA-Inpacsa, quedó el pasado 2 de febrero vista para sentencia.

Concretamente, la operación Wardbase investigaba si el pago a Manuel Prado y Colón de Carvajal de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) del Grupo Torras en 1992 fue consentido por el principal accionista del holding (la sociedad kuwaití de inversiones KIO) o si –tal y como consideró el tribunal finalmente– fue ordenado por iniciativa de De la Rosa sin el conocimiento de la compañía. El financiero catalán –que dimitió de sus cargos justo después de que se abonara el pago investigado– aseguraba que KIO lo ordenó porque quería retribuir a Prado por su supuesta intermediación entre los estados kuwaití y español tras la invasión de aquel país por parte de Irak, según informa EFE.

Prado mantuvo que ese pago se debió a un ajuste de cuentas por negocios personales que tenía con De la Rosa y que ignoraba que el dinero procediera del Grupo Torras, del que el financiero catalán era entonces vicepresidente. El pasado jueves, ya acudió a la Audiencia Nacional Prado y Colón de Carvajal para alegar que estaba en disposición de pagar los cerca de 30 millones de euros que se le exigen de responsabilidad civil y eludir así su ingreso en prisión. En cambio, el ex consejero delegado del Grupo Torras Jorge Núñez y Lasso de la Vega, que también está condenado por esta operación, no acudió a la Audiencia cuando estaba llamado porque solicitó por escrito su prisión voluntaria para hacer frente a la pena de cuatro años y medio que se le impuso.
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