LD (EFE) De la Rosa no irá por el momento a prisión, ya que previsiblemente varias partes presentarán recurso ante el Tribunal Supremo, habida cuenta que la condena es muy inferior a la que solicitaban tanto el Ministerio Fiscal (38 años de cárcel) como el Grupo Torras y que las defensas habían solicitado la absolución.
La Audiencia Nacional considera que las actuaciones de De la Rosa en las operaciones Pincinco y Oakthorn son constitutivas de un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación de documento mercantil, los mismos de los que acusa al abogado Juan José Folchi, a quien ha condenado a tres años y ocho meses de prisión.
Sin embargo, a ambos les exculpa de la presunta manipulación de las acciones de "Prima Inmobiliaria" y del presunto desvío de 70 millones de euros a través de las sociedades Quail y Acie.
Respecto a "Oakthorn", según el tribunal, el financiero desvió 110 millones de dólares mediante esta operación en su beneficio y en el de otros beneficiarios, entre ellos, Folchi, quien recibe 2,2 millones de dólares en una cuenta en Suiza que no pueden atribuirse a un asesoramiento porque toda la operación tenía como único objetivo "desviar dinero del Grupo Torras". De los 110 millones de dólares, también fue una parte importante "a los más altos directivos de KIO, lo que evidencia que ellos tenían que estar de acuerdo con De la Rosa y Folchi con el desvío de estas cantidades y que efectivamente pudieron darles instrucciones verbales sobre la forma de llevar a cabo la acción".
La Audiencia Nacional considera que las actuaciones de De la Rosa en las operaciones Pincinco y Oakthorn son constitutivas de un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación de documento mercantil, los mismos de los que acusa al abogado Juan José Folchi, a quien ha condenado a tres años y ocho meses de prisión.
Sin embargo, a ambos les exculpa de la presunta manipulación de las acciones de "Prima Inmobiliaria" y del presunto desvío de 70 millones de euros a través de las sociedades Quail y Acie.
Respecto a "Oakthorn", según el tribunal, el financiero desvió 110 millones de dólares mediante esta operación en su beneficio y en el de otros beneficiarios, entre ellos, Folchi, quien recibe 2,2 millones de dólares en una cuenta en Suiza que no pueden atribuirse a un asesoramiento porque toda la operación tenía como único objetivo "desviar dinero del Grupo Torras". De los 110 millones de dólares, también fue una parte importante "a los más altos directivos de KIO, lo que evidencia que ellos tenían que estar de acuerdo con De la Rosa y Folchi con el desvío de estas cantidades y que efectivamente pudieron darles instrucciones verbales sobre la forma de llevar a cabo la acción".
Operación Pincinco
La operación Pincinco (préstamo de 300 millones de dólares) tiene un mecanismo mucho más complejo, pues se hace una ampliación de capital, en la que una sociedad instrumental compra las acciones y, tras hacerlas pasar por varias compañías más, acaban siendo adquiridas por Torras a precio de mercado, lo que genera una "importantísima plusvalía" para pagar el préstamo. Para el tribunal no resulta "verosímil" que estos pagos se dedicaran –como aseguró De la Rosa– a hacer pagos de guerra o a políticos y, en todo caso, deja claro que eso no justificaría la acción y únicamente supondría un cambio de delito.
Para los magistrados, está acreditado que los fondos fueron a parar a cuentas particulares de los implicados y de personas de su entorno, aunque reconocen que hay partidas cuyo destino se desconoce. Entre los perceptores de fondos se encuentra Manuel Prado y Colón de Carvajal, a quien la Audiencia ha condenado a un año de prisión por la apropiación indebida de 80 millones de dólares, cuyo cobro –asegura– no se pueden justificar por la existencia de una deuda tan alta, como él defendía.
Por esta operación también es condenado Jorge Núñez y Lasso de la Vega –a un año por apropiación indebida–, que "prestó su apoyo a De la Rosa y Folchi, recibió 181 millones de pesetas e intervino de una forma relevante en las juntas de accionistas y el consejo de administración en los que se lleva a cabo la maniobra de ocultación".
La operación Pincinco (préstamo de 300 millones de dólares) tiene un mecanismo mucho más complejo, pues se hace una ampliación de capital, en la que una sociedad instrumental compra las acciones y, tras hacerlas pasar por varias compañías más, acaban siendo adquiridas por Torras a precio de mercado, lo que genera una "importantísima plusvalía" para pagar el préstamo. Para el tribunal no resulta "verosímil" que estos pagos se dedicaran –como aseguró De la Rosa– a hacer pagos de guerra o a políticos y, en todo caso, deja claro que eso no justificaría la acción y únicamente supondría un cambio de delito.
Para los magistrados, está acreditado que los fondos fueron a parar a cuentas particulares de los implicados y de personas de su entorno, aunque reconocen que hay partidas cuyo destino se desconoce. Entre los perceptores de fondos se encuentra Manuel Prado y Colón de Carvajal, a quien la Audiencia ha condenado a un año de prisión por la apropiación indebida de 80 millones de dólares, cuyo cobro –asegura– no se pueden justificar por la existencia de una deuda tan alta, como él defendía.
Por esta operación también es condenado Jorge Núñez y Lasso de la Vega –a un año por apropiación indebida–, que "prestó su apoyo a De la Rosa y Folchi, recibió 181 millones de pesetas e intervino de una forma relevante en las juntas de accionistas y el consejo de administración en los que se lleva a cabo la maniobra de ocultación".
Prima Inmobiliaria, Quail y Acie
Pese a las peticiones de las acusaciones, el tribunal ha absuelto a todos los acusados por las operaciones Prima Inmobiliaria, Quail y Acie. En el primer caso, entiende que Torras incumplió la ley de OPA al no comunicar la participación accionarial que se adquiría pero no hubo engaño para los accionistas.
Sobre Quail, el banco de inversión propiedad de De la Rosa, la sentencia explica que sus facturas tuvieron fiel reflejo en la contabilidad de Torras y que, aunque cobró comisiones muy superiores a las del mercado, esta razón "no es suficiente para considerar que existió un desvío penal de los fondos" por importe de 65,4 millones de euros.
También admite la Audiencia que las facturas emitidas por la filial de Torras Acie son "falsas" y se utilizaban para ocultar dinero, pero no ha encontrado ninguna prueba de que las elaboraran los acusados, ni que De la Rosa participara en la operativa, ya que su posición como vicepresidente no es suficiente "para atribuirle todas y cada una de las operaciones del grupo Torras".