LD (EFE) Los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y de la UGT, Manuel Pastrana, informaron a los periodistas tras su reunión de este miércoles con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, de que ambos sindicatos se personarán en el proceso judicial abierto después de que Delphi haya presentado una solicitud concursal para el procedimiento de apertura de acreedores. La Junta, que también se personó ayer, coordinará junto a los sindicatos actuaciones que incluirán la petición de responsabilidades penales contra los directivos de la empresa a escala internacional.
El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha explicado que la mesa permanente servirá para coordinar la acción sindical conjunta con las que emprenda la Junta y para "explorar" todas las acciones legales que se puedan tomar. Aseguró que "se estudian todas las posibilidades, incluidas las acciones penales" que, según dijo, recaerán sobre aquellos directivos de Delphi que "hayan tomado esta decisión", que además supondría el incumplimiento de la normativa laboral y del plan industrial que firmó con vigencia hasta 2010. "Delphi no se va a ir de rositas si desde el punto de vista legal y penal se le puede meter mano", dijo Pastrana.
La Junta de Andalucía, en coordinación con el Ejecutivo central y la embajada de España en Estados Unidos, están realizando gestiones para organizar "lo antes posible" un contacto "al máximo nivel posible" con General Motors -cuyo principal proveedor es Delphi- y con la firma de inversiones Platinum Equity, encargada de las compras y ventas del fabricante de componentes del automóvil en Europa, indicó. El objetivo es "abrir los contactos necesarios con todos los intermediarios de la empresa", aunque advirtió de que Delphi "juega a tirar la piedra y esconder la mano, porque todavía no ha dado la cara en este proceso".
Respecto a las subvenciones que ha recibido la multinacional en los 25 años que lleva implantada en España, Pastrana dijo que "sin duda" éstas deberán ser devueltas siempre y cuando la empresa haya incumplido algún requisito para recibirlas. Por otra parte, Pastrana indicó que la demanda de concurso por insolvencia presentada ayer por la filial de Delphi en España ante un juzgado mercantil de Cádiz "permite que la actividad continúe", que es el objetivo de los sindicatos, "que no permitirán pérdida de puestos de trabajo".
Por su parte, el secretario regional de CCOO, Francisco Carbonero, explicó que esta mesa permanente se formará al más alto nivel entre representantes de las consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y de Empleo, los dos sindicatos mayoritarios y el comité de empresa de la factoría de Puerto Real. Los sindicatos exigieron a Chaves durante la reunión que la Junta "busque todos los recursos posibles contra la empresa, incluidos los penales", dijo Carbonero, quien anunció además movilizaciones contra el cierre durante todo el mes de abril y que tendrán su máximo exponente el 1 de mayo "con un importante acto reivindicativo en Cádiz".
Ambos reiteraron la defensa del mantenimiento del empleo y de la actividad en la factoría de Puerto Real, y Pastrana advirtió de que los sindicatos "no admitirán la pérdida de puestos de trabajo"; por lo que defendió la reimplantación de tejido industrial en esta zona de Cádiz si la factoría termina cerrando. Respecto a las medidas de protesta por el anuncio de cierre de la planta acordadas por el comité de empresa, entre las que se encuentran una huelga general en la Bahía de Cádiz, Pastrana indicó que ésta se realizará "en función de la evolución del conflicto" y coincidió con Carbonero en señalar que estos actos "no se toman con ligereza, sino con responsabilidad".
A pesar de que consideró que "tal vez" para la empresa estadounidense una acción de este tipo le puede resultar "insignificante", Pastrana, al igual que Carbonero, recordó que Delphi tiene intereses en todo el mundo, especialmente en Europa, "que tiene que darse cuenta de que no les vale empresas de timadores".
La Junta de Andalucía, en coordinación con el Ejecutivo central y la embajada de España en Estados Unidos, están realizando gestiones para organizar "lo antes posible" un contacto "al máximo nivel posible" con General Motors -cuyo principal proveedor es Delphi- y con la firma de inversiones Platinum Equity, encargada de las compras y ventas del fabricante de componentes del automóvil en Europa, indicó. El objetivo es "abrir los contactos necesarios con todos los intermediarios de la empresa", aunque advirtió de que Delphi "juega a tirar la piedra y esconder la mano, porque todavía no ha dado la cara en este proceso".
Respecto a las subvenciones que ha recibido la multinacional en los 25 años que lleva implantada en España, Pastrana dijo que "sin duda" éstas deberán ser devueltas siempre y cuando la empresa haya incumplido algún requisito para recibirlas. Por otra parte, Pastrana indicó que la demanda de concurso por insolvencia presentada ayer por la filial de Delphi en España ante un juzgado mercantil de Cádiz "permite que la actividad continúe", que es el objetivo de los sindicatos, "que no permitirán pérdida de puestos de trabajo".
Por su parte, el secretario regional de CCOO, Francisco Carbonero, explicó que esta mesa permanente se formará al más alto nivel entre representantes de las consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y de Empleo, los dos sindicatos mayoritarios y el comité de empresa de la factoría de Puerto Real. Los sindicatos exigieron a Chaves durante la reunión que la Junta "busque todos los recursos posibles contra la empresa, incluidos los penales", dijo Carbonero, quien anunció además movilizaciones contra el cierre durante todo el mes de abril y que tendrán su máximo exponente el 1 de mayo "con un importante acto reivindicativo en Cádiz".
Ambos reiteraron la defensa del mantenimiento del empleo y de la actividad en la factoría de Puerto Real, y Pastrana advirtió de que los sindicatos "no admitirán la pérdida de puestos de trabajo"; por lo que defendió la reimplantación de tejido industrial en esta zona de Cádiz si la factoría termina cerrando. Respecto a las medidas de protesta por el anuncio de cierre de la planta acordadas por el comité de empresa, entre las que se encuentran una huelga general en la Bahía de Cádiz, Pastrana indicó que ésta se realizará "en función de la evolución del conflicto" y coincidió con Carbonero en señalar que estos actos "no se toman con ligereza, sino con responsabilidad".
A pesar de que consideró que "tal vez" para la empresa estadounidense una acción de este tipo le puede resultar "insignificante", Pastrana, al igual que Carbonero, recordó que Delphi tiene intereses en todo el mundo, especialmente en Europa, "que tiene que darse cuenta de que no les vale empresas de timadores".
El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, el checo Vladimir Spidla, se ha comprometido a "estudiar el caso y buscar soluciones" ante el anuncio de cierre de la fábrica de la multinacional estadounidense Delphi en Puerto Real (Cádiz). Spidla, que recibirá el jueves al consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, se ha reunido en Bruselas con alcaldes de diez municipios afectados por el proyecto de cierre, entre ellos los de Puerto Real y Cádiz, Juan Antonio Barroso y Teófila Martínez, respectivamente, que han encabezado la delegación de alcaldes y trabajadores de Delphi que han viajado a Bruselas para buscar soluciones al cierre de Delphi.
Unidad para defender a los trabajadores
Eurodiputados del PSOE, PP, IU y Los Verdes se comprometieron a defender de manera "unida" ante la Comisión Europea la continuidad de la planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz), incluso si ello requiere conceder "ayudas públicas". Los parlamentarios han recibido a los alcaldes de diez municipios gaditanos afectados por los planes de la multinacional de la automoción de cerrar esta fábrica, incluidos el de Puerto Real, José Antonio Barroso, y la de Cádiz, Teófila Martínez. "Sólo la unidad es capaz de responder con la contundencia exigida y los resultados apetecidos a esta tropelía, a este genocidio industrial", explicó en rueda de prensa Barroso, tras la reunión.
Los alcaldes han presentado a los eurodiputados una serie de peticiones que, según Barroso, parten del principio de que no se contempla "ningún escenario donde se prevea el cierre de la planta". Por ello, reclamaron a los parlamentarios españoles que defiendan ante la Comisión Europea "cualquier actuación que implicase un compromiso tanto del Gobierno de Andalucía, como del Gobierno de España, para hacer posible la continuidad de la fábrica, aún cuando contraviniese la normativa comunitaria", en alusión a las reglas que restringen la concesión de subvenciones en estos casos.
Los eurodiputados españoles asumieron de manera "íntegra" la petición de los alcaldes, según el parlamentario de IU Willy Meyer. "Sin ninguna duda, es una propuesta que apoyamos todos", señaló la eurodiputada del PSOE Francisca Pleguezuelo, al ser preguntada por la posibilidad de conceder ayudas públicas para salvar la planta. Por su parte, el parlamentario del PP Salvador Garriga-Polledo ha precisado que la UE "es una comunidad de derecho" cuyas normas deben respetarse, pero convino en que "si las soluciones tienen que pasar por que existan más ayudas públicas, el Gobierno español tendrá el apoyo de todos los grupos de esta cámara para solicitarlo delante de todas las instituciones correspondientes".
La también 'popular' Teófila Martínez ha ido más allá y ha defendido la conveniencia de "cambiar" las normas que restringen la intervención del Estado en este tipo de casos. Citó el ejemplo de la reestructuración del sector naval español acometida a raíz de que la UE declarase ilegales ayudas millonarias concedidas por el Estado español.
"A nosotros nos han dejado sin la industria naval civil por unas amenazas de multas y de acuerdos europeos. Ahora en cambio hay una situación con las opas y las eléctricas y, pese a las amenazas (de la Comisión Europea), las cosas se hacen",, explicó la alcaldesa, Por otra parte, los eurodiputados coincidieron en que la petición de ayudas del Fondo de Ajuste a la Globalización de la UE, que financia medidas de asistencia tras un cierre industrial y una pérdida importante de empleos, no es oportuna de momento.
Los alcaldes han presentado a los eurodiputados una serie de peticiones que, según Barroso, parten del principio de que no se contempla "ningún escenario donde se prevea el cierre de la planta". Por ello, reclamaron a los parlamentarios españoles que defiendan ante la Comisión Europea "cualquier actuación que implicase un compromiso tanto del Gobierno de Andalucía, como del Gobierno de España, para hacer posible la continuidad de la fábrica, aún cuando contraviniese la normativa comunitaria", en alusión a las reglas que restringen la concesión de subvenciones en estos casos.
Los eurodiputados españoles asumieron de manera "íntegra" la petición de los alcaldes, según el parlamentario de IU Willy Meyer. "Sin ninguna duda, es una propuesta que apoyamos todos", señaló la eurodiputada del PSOE Francisca Pleguezuelo, al ser preguntada por la posibilidad de conceder ayudas públicas para salvar la planta. Por su parte, el parlamentario del PP Salvador Garriga-Polledo ha precisado que la UE "es una comunidad de derecho" cuyas normas deben respetarse, pero convino en que "si las soluciones tienen que pasar por que existan más ayudas públicas, el Gobierno español tendrá el apoyo de todos los grupos de esta cámara para solicitarlo delante de todas las instituciones correspondientes".
La también 'popular' Teófila Martínez ha ido más allá y ha defendido la conveniencia de "cambiar" las normas que restringen la intervención del Estado en este tipo de casos. Citó el ejemplo de la reestructuración del sector naval español acometida a raíz de que la UE declarase ilegales ayudas millonarias concedidas por el Estado español.
"A nosotros nos han dejado sin la industria naval civil por unas amenazas de multas y de acuerdos europeos. Ahora en cambio hay una situación con las opas y las eléctricas y, pese a las amenazas (de la Comisión Europea), las cosas se hacen",, explicó la alcaldesa, Por otra parte, los eurodiputados coincidieron en que la petición de ayudas del Fondo de Ajuste a la Globalización de la UE, que financia medidas de asistencia tras un cierre industrial y una pérdida importante de empleos, no es oportuna de momento.
Arenas: la mejor forma de ayudar empleados es exigir responsabilidades
El presidente del PP-A insistió en que los populares ayudarán "en todo lo que puedan" a los trabajadores de Delphi, respaldando cuantas iniciativas se pongan en marcha desde todas las Administraciones públicas y subrayando que el conflicto, "antes de ser problema industrial, es un auténtico drama social y una tragedia humana". Además, el dirigente popular defendió que "una tercera forma" de contribuir a que no vuelvan a producirse cierres de factorías como Delphi es "presentando, de una vez por todas, un programa serio en materia industrial para Andalucía", un sector que es "prácticamente insignificante" en la comunidad autónoma, como prueba el hecho de que en la Bahía de Cádiz se hayan perdido 25.000 empleos en los últimos años.
Arenas recordó que "los responsables políticos de ahora son los mismos que mandaban autobuses a incendiar las factorías cuando no se perdía ningún empleo" y también los culpables de que la provincia de Cádiz "haya superado ya los 100.000 desempleados", una cifra que "recuerda a la etapa de Felipe González".