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Noticia publicada el 20-03-2007
LD (EFE) Kroes ha hecho estas afirmaciones durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, en respuesta a varios eurodiputados españoles y alemanes que se interesaron por el asunto. La comisaria ha insistido en que, en opinión de Bruselas, las condiciones impuestas por las autoridades españolas para autorizar la OPA de E.On violan la legislación comunitaria y recordó que ha advertido a Madrid "en reiteradas ocasiones" de que, si no las retira, corre el riesgo de una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Ante las críticas de algunos eurodiputados sobre la lentitud de su actuación en este caso, Kroes ha subrayado que en un procedimiento como éste, hay que respetar el derecho a la defensa del Gobierno español. También ha dicho que las decisiones de Bruselas sobre la ilegalidad de las condiciones impuestas a E.On son de aplicación inmediata y pueden ser esgrimidas por cualquier afectado ante los tribunales nacionales.
El pasado día 7 de marzo, el ejecutivo de la UE dio el último paso en esta larga disputa, al enviar a España un "dictamen motivado" -la segunda fase del procedimiento sancionador comunitario, previa a la denuncia ante la Justicia europea- y darle sólo siete días laborables para retirar las medidas controvertidas. En su respuesta, Madrid insistió, una vez más, que las condiciones se ajustan a la normativa europea y descartó cualquier posibilidad de retirarlas, por lo que parece claro que el caso llegará ante el Tribunal de la UE.
La Comisión Europea adoptará este miércoles varias decisiones sobre diversos procedimientos de infracción contra distintos Estados miembros, pero no está previsto que trate la posible denuncia de España por el caso E.On, tal y como ha confirmado este martes el portavoz de Competencia del ejecutivo de la UE, Jonathan Todd.
Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria, la comisaria ha subrayado que Bruselas está a favor de las fusiones transfronterizas y ha asegurado que, a la hora de evaluarlas, no tiene en cuenta el tamaño o la nacionalidad de las empresas implicadas y se limita a aplicar la normativa europea sobre competencia.
