La administración debe más de 35.000 millones a los constructores

Además, Lazcano aseguró que si el Estado Central, comunidades y ayuntamientos cumplieran la "disciplina presupuestaria y pagaran en "plazos razonables", toda la "cadena productiva podría cobrar en plazos razonables".

"Si eso se produce, las operaciones de carácter privado seguirán el ejemplo", aseguró a los periodistas a la salida de la reunión con los ponentes de los grupos parlamentarios que estudian la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, eliminando además la posibilidad de pacto entre las partes para ampliar este tiempo.

Lazcano señaló que "no tiene sentido hablar de días" y aseguró que tampoco les preocupa "la diatriba sobre la libertad de pacto" entre empresas y proveedores, ya que si la administración paga en tiempo "razonable", propiciará una "escalera virtuosas" de cobros que se trasladaría a la fecha de cobros.

También acudieron, varios representantes de asociaciones de empresas de distribución, encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Grandes Distribuidores (ANGED),Javier Millán-Astray, quien recordó que éste es el único sector que tiene los plazos de pago regulados por ley desde 1996, con una media real de alrededor de 40 días para los pagos. "Nuestras empresas pagan siempre en los plazos acordados", incidió.

Autónomos

Los autónomos también terciaron en el debate. Así, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, reclamó en declaraciones a Europa Press que los grupos que presten un "apoyo decidido" a la reforma propuesta de CiU para "cerrar la puerta a los tramposos" limitando la fecha de emisión de la factura y prohibiendo el pacto entre las partes para retrasar los pagos que beneficia a las "posiciones dominantes".

Amor, quien calificó de "insoportable" la morosidad entre empresa, tachó de "asalto" la provocada por las Administraciones Públicas -"ayuntamientos y comunidades no pagan y no pasa nada", denunció ante los diputados- y propuso que en el caso en que un proveedor sufra perjuicios a causa de la morosidad pública conlleve "automáticamente" un aplazamiento en las cuotas a la Seguridad Social y en pago de impuestos, así como otras compensaciones de deudas.