La Audiencia los cita, junto a otras cinco personas, por la presunta falsificación de una carta que incriminaba a sus socios de Urbanor con la finalidad de evitar ante el Tribunal Constitucional su condena por estafa en la venta de los terrenos donde se ubican las Torres Kio.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará este lunes la primera sesión del juicio, que continuará los próximos días 15, 16, 17, 21, 22 y 23 de septiembre. La vista está marcada por la presencia de testigos de excepción como el presidente del Real Madrid y ACS, Florentino Pérez.
Además de "los Albertos", están acusados sus abogados, el prestigioso letrado Ramón Hermosilla y el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, la documentalista Glória Álvarez, y los hermanos José María y Francisco Javier Arnáiz del Barco. Sus declaraciones como imputados están previstas para los días 15 y 16.
Entre el 14 de marzo y el 9 de abril de 2003, "todos ellos realizaron concierto, con el correspondiente reparto de papeles, para la confección de un documento falso y su posterior uso para fundar una denuncia falsa que a su vez daría lugar a un intento de revisión judicial de la sentencia condenatoria de 'los Albertos'", según concluyó el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, en su auto de petición de apertura de juicio del 16 de mayo de 2008.
Los siete acusados se enfrentan a penas de entre dos y ocho años de cárcel por presuntos autores o cooperadores de delitos de falsedad en documento privado (artículo 395 del Código Penal), denuncia falsa (artículo 456 del Código Penal) y estafa procesal (artículos 248 y 250 del Código Penal, en grado de tentativa, de los artículos 16 y 62).
El Ministerio Fiscal, que no acusa a "los Albertos" ni a sus abogados, pide penas de dos años y cinco meses de prisión para los hermanos Arnáiz y la documentalista, al considerar que fueron ellos quienes urdieron el plan para engañar a los empresarios y sus representantes legales para obtener beneficio económico.
La acusación particular ejercida por el arquitecto Pedro Sentieri y sus socios valencianos Luis García Alarcón y Francisco Castelló, solicita una condena de cinco años y seis meses de cárcel para Cortina y Alcocer, cuatro años y siete meses para Hermosilla, Álvarez y los hermanos Arnáiz y tres años para Peláez. Esta acusación también pide una indemnización por daños y perjuicios de un total de 330.000 euros.
Por su parte, el constructor Julio San Martín no ha formulado acusación contra Hermosilla y Peláez pero pide penas de ocho años y cuatro meses de prisión para 'los Albertos', los hermanos Arnáiz y Álvarez. Los socios de Cortina y Alcocer en Urbanor testificarán el día 17 y Alarcón y Castelló, el 21.
Testigos de excepción
En la vista oral están citados a declarar como testigos el próximo jueves Florentino Pérez, que fue la persona que puso en contacto a los Arnáiz con los abogados de "los Albertos", y el decano del colegio de abogados de Madrid y consejero independiente de Repsol y Barclays, Antonio Hernández-Gil, primera persona con la que contactó Álvarez para ofrecerle la prueba, según el auto de petición de apertura de juicio.
Además, el mismo día testificarán el abogado y consejero de ACS Manuel Delgado Solís, el abogado de "los Albertos" en el "caso Urbanor" y defensa de Emilio Botín en el "caso de las cesiones de crédito", Gonzalo Rodríguez Mourullo, el que fuera representante legal de las Koplowitz en los 90, que ejerce en la actualidad en el despacho de Hermosilla, Eduardo Junco, y el notario Manuel Richi, que suscribió el contrato entre los Arnáiz y 'los Albertos'.
Antecedentes del caso
En 2003, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid abrió procedimiento abreviado para investigar la procedencia de la carta aportada por "los Albertos" ante el TC para la revisión de la condena de tres años y cuatro meses de prisión impuesta por el Supremo en marzo de 2003 por estafa en el "caso Urbanor". El Constitucional revocó esta condena en febrero de 2008, y el Alto Tribunal acogió dicha doctrina cuatro meses después anulando su sentencia condenatoria.
La carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, estaba firmada por Sentieri y dirigida a San Martín. En ella, el arquitecto le daba instrucciones a San Martín para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el 'caso Urbanor' que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos de Urbanor a la sociedad kuwaití KIO.
Los hermanos Arnáiz y Álvarez se pusieron en contacto con los abogados de '"los Albertos", primero en 2001 y luego en 2004 tras la condena del Supremo, para ofrecerles pruebas documentales sin especificar que les podría librar de la condena.
El 27 de marzo de 2004 las partes suscribieron un contrato ante notario en el que los empresarios se comprometían a pagar 4,5 millones de euros, correspondientes al 20% de la indemnización, en caso de absolución. El 9 de abril de 2003, Álvarez presenta denuncia ante la Fiscalía General del Estado para pedir que se investigue la aparición de la carta en su buzón.
Los peritos de la Policía y de la Guardia Civil concluyeron en sus informes periciales que la firma de Sentieri era auténtica, pero el resto del documento estaba falsificado. En otro informe, la Guardia Civil no pudo concluir si la firma estampada en los faxes remitidos por José María Arnáiz a Hermosilla era auténtica o no.
El tribunal que juzgará el caso estará compuesto por las magistradas Ángeles Acevedo Frías, María Teresa García Quesada y Ana Mercedes Del Molino Romera.