Según la Cámara de Cuentas, estos 171 entes que se conocen en su conjunto como la 'administración paralela' de la Junta de Andalucía, recibieron el año pasado transferencias por 3.900 millones de euros, casi 500 euros de cada andaluz, y, a pesar de esa inyección económica, siguieron arrojando pérdidas.
El consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, dijo ayer que sin estas subvenciones de explotación, las empresas de la Junta habrían tenido unas pérdidas globales de 1.600 millones de euros, una cantidad quince veces superior al ahorro previsto por la Consejería de Hacienda y Administración Público con su polémico "decretazo" de reordenación del sector público
Además, Navas avanzó ayer que el remanente de tesorería de la Junta de Andalucía manifiesta una "tendencia a la baja", al pasar de unos 2.200 millones en 2008 hasta alcanzar unos 1.200 millones en 2009, lo que supone un descenso del 45 por ciento. "Sigue siendo un remanente positivo, pero manifiesta una tendencia de que al final del ejercicio en la caja había menos dinero, menos crédito realizable", matizó Navas tras entregar el informe anual de esta institución sobre la Cuenta General de la Junta de Andalucía al presidente del Gobierno regional, José Antonio Griñán.
En el documento presentado por la Cámara al presidente Griñán se analizan los presupuestos de las 171 empresas públicas (61 participadas mayoritariamente por la Administración y 110 con participación minoritaria). Navas indicó que algunas de ellas se dedican por completo al servicio público, mientras que otras tienen actividades de un carácter mercantil más acentuado. En cuanto a los organismos autónomos, el informe refleja que la deuda del Servicio Andaluz de Salud con proveedores subió a final de 2009 hasta algo más de 1.800 millones de euros, frente a los 1.500 millones que tuvo en el ejercicio de 2008.
Como ya ha sido denunciado en numerosas ocasiones, uno de los mayores gastos de la Junta de Andalucía es el de personal, que rozó los 6.000 millones en 2009, año en el que la Junta hizo además unos 50.000 contratos por importe de 2.200 millones, de los que la Cámara ha fiscalizado una muestra y ha incluido en su informe una serie de recomendaciones, algunas relativas a las fundaciones y consorcios. Siempre, en este apartado, la Cámara hace referencia a diversas irregularidades.
Navas admitió que sigue habiendo "una cierta discrepancia" entre la Junta y la Cámara "en el modo de computar las fundaciones y consorcios públicos", por lo que ha recomendado "que se aclare este tema para saber de verdad cuál es el perímetro del sector público"