Los empresarios cuantifican en 2.500 euros el coste de cada punto en la reducción cotizaciones, mientras que el Gobierno lo sitúa en 3.000 millones. Con este punto de partida, la CEOE, sin reiterar en ningún momento su demanda de rebaja de cinco puntos, "justifica" que para lograr un margen presupuestario necesario bastaría con recurrir al exceso de financiación empresarial por complementos de mínimos durante el periodo 2002-2009, que cifra en 3.999,26 millones.
A ello, suma la separación de fuentes prevista en el Pacto de Toledo para las bonificaciones por contratación aplicadas desde el año 2006, que aportaría 2.908 millones de euros en 2009, así como los 3.800 millones de euros del Fondo de Prevención, a a partir de los excedentes de las mutuas, y los 4.595,63 millones de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
"Estos conceptos suman en total 15.302,89 millones de euros. Hay que tener en cuenta que el punto de reducción de la cotización de cuotas empresariales por contingencias comunes no llega a 2.500 millones", añade. De este modo, una rebaja de cotizaciones de 5 puntos no superaría los 12.500 millones de euros.
Además, la CEOE argumenta que la reducción de cotizaciones permitiría crear más empleo y mantenerlo, lo que sumado al ahorro en las prestaciones por desempleo, incluso "representaría para el conjunto del Estado un ahorro".
Por otro lado, el documento de la patronal propone iniciar una "segunda fase de negociación" de reformas estructurales a partir del próximo 1 de septiembre, que abarquen la contratación, la flexibilidad interna de las empresas, la reforma de la negociación colectiva, la fiscalidad o el modelo energético.
Así, la patronal considera necesario negociar tras el verano "escenarios de creación de empleo, siendo un objetivo perseguible que además el empleo sea lo más estable posible", así como "el control de costes laborales directos e indirectos", aunque precisa que "la garantía de contar con mecanismos de adaptación es aún más importante".
Además, proponen ahondar en "mecanismos alternativos de flexibilidad como el tiempo parcial", que consideran "esencial" para la generación de empleo y que, a su juicio, "debería aumentar en un 50% sobre los parámetros actuales".
También desde el 1 de septiembre, la CEOE propone abordar la reforma de la negociación colectiva, negociar la mejora de la flexibilidad interna de las empresas, así como tratar la simplificación de los procedimientos administrativos en materia laboral, o la supresión de alguno de ellos.
Entre otras reclamaciones, destaca una rebaja de cinco puntos en el Impuesto sobre Sociedades para empresas de menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a los 5 millones de euros, "sin ninguna limitación".
Asimismo, demandan que, simultáneamente a la mejora de los Servicios Públicos de Empleo, "debe intensificarse la colaboración de los servicios privados". Además, instan a que en los EREs de suspensión temporal de los contratos se extienda la bonificación al 100% de las cotizaciones empresariales, durante un periodo máximo de 240 días.
En materia de absentismo laboral, la CEOE propone la supresión de la obligación empresarial del pago de la prestación de baja por enfermedad entre el cuarto y el decimoquinto día.
Así pues, la CEOE "estima conveniente respaldar en este momento las decisiones que se tomen para hacer competitivas a corto plazo a las empresas y que esencialmente tienen un enfoque de reducción de costes", lo que, a su juicio, "es compatible con atender a las necesidades de protección social".
En este sentido, consideran necesario "afrontar la protección a las personas desempleadas más vulnerables" a través del subsidio de 420 euros mensuales.
Con todo, y a las vista de que podría cerrarse el proceso de negociación sin acuerdo alguno, la patronal se muestra asegura que "mantiene intacta su apuesta por el diálogo social", pero que "no es realista que el Gobierno espere acuerdos en todas las decisiones de política económica y social, muy en particular en las que puedan implicar sacrificios".
"En consecuencia, el acuerdo es deseable y debe perseguirse, pero no puede ser condición indispensable para la adopción de decisiones", sentenció.