L D (Agencias) Acciona tendrá que informar trimestralmente al regulador energético sobre su participación en Endesa y sobre "el grado de influencia" que ésta le confiere, así como acerca de su presencia en los órganos de administración de la eléctrica.
Según las fuentes consultadas por la agencia Efe, el Consejo de la CNE ha autorizado la petición de Acciona en los términos planteados por la propia empresa. En concreto, el grupo constructor había pedido permiso para ampliar su participación en Endesa hasta el 24,9 por ciento, el máximo posible sin tener que lanzar una OPA. El organismo señala que puesto que Acciona tiene una "influencia significativa" en Endesa, la constructora deberá ejercerla para garantizar las inversiones en actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad).
Según las fuentes consultadas por la agencia Efe, el Consejo de la CNE ha autorizado la petición de Acciona en los términos planteados por la propia empresa. En concreto, el grupo constructor había pedido permiso para ampliar su participación en Endesa hasta el 24,9 por ciento, el máximo posible sin tener que lanzar una OPA. El organismo señala que puesto que Acciona tiene una "influencia significativa" en Endesa, la constructora deberá ejercerla para garantizar las inversiones en actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad).
El Consejo de la CNE ha resuelto la petición de Acciona horas después de que este jueves se cerrara el plazo para presentar alegaciones. En las remitidas por Endesa, la eléctrica advertía al organismo regulador del alto nivel de deuda que alcanzaría Acciona con la toma de un 24,9 por ciento del capital. El endeudamiento fue tenido en cuenta por la CNE al analizar las opas de Gas Natural y E.On, pero, según argumenta, en ambos casos se trataba de tomar el control de la compañía y no de adquirir una participación.
El pasado 20 de octubre, Acciona anunció que tenía asegurado un 19,6 por ciento de Endesa y reconoció su interés por elevar este porcentaje hasta el límite legal que no le obligue a lanzar una OPA (24,9 por ciento en la actualidad y 29,9 por ciento si se aprueba en su redacción actual la reforma de la Ley de Opas). El regulador energético debe autorizar la toma de participaciones superiores al 10 por ciento en cualquier empresa con actividades reguladas.
Contra esta resolución se podrá interponer un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al igual que ha sucedido con su dictamen sobre la operación de E.ON sobre la eléctrica, contra el que se han presentado cinco recursos de alzada.
En un clima más tenso que de costumbre como consecuencia de las discrepancias suscitadas en el consejo del regulador por el aumento de competencias de su presidenta, María Teresa Costa, los consejeros también debatieron la reforma del Reglamento del organismo regulador, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de octubre para obstaculizar la OPA de E.On, que refuerza el papel ejecutivo de Costa, mano derecha del ex ministro Montilla.
Los cambios introducidos en el Reglamento son rechazados por seis miembros del Consejo, entre ellos el vicepresidente de la CNE, Fernando Martí. Uno de los puntos que más rechazo genera es la creación de una Comisión de Gobierno, integrada por la presidenta de la CNE y otros dos vocales, que tendrá capacidad para cambiar a los directores de área del regulador energético. Los consejeros que se oponen a la reforma entienden que la creación de la Comisión de Gobierno resta competencias al Consejo de Administración, ya que hasta ahora los nombramientos debían debatirse en su seno.
Los seis consejeros opuestos a la reforma han reclamado un informe jurídico externo para comprobar si las nuevas disposiciones se ajustan a la legalidad. La modificación del Reglamento de la CNE fue aprobada el 20 de octubre por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto que entró en vigor seis días después. La Comisión Europea ha instado al Gobierno a retirar este decreto que va en contra de la libre competencia.
Los cambios introducidos en el Reglamento son rechazados por seis miembros del Consejo, entre ellos el vicepresidente de la CNE, Fernando Martí. Uno de los puntos que más rechazo genera es la creación de una Comisión de Gobierno, integrada por la presidenta de la CNE y otros dos vocales, que tendrá capacidad para cambiar a los directores de área del regulador energético. Los consejeros que se oponen a la reforma entienden que la creación de la Comisión de Gobierno resta competencias al Consejo de Administración, ya que hasta ahora los nombramientos debían debatirse en su seno.
Los seis consejeros opuestos a la reforma han reclamado un informe jurídico externo para comprobar si las nuevas disposiciones se ajustan a la legalidad. La modificación del Reglamento de la CNE fue aprobada el 20 de octubre por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto que entró en vigor seis días después. La Comisión Europea ha instado al Gobierno a retirar este decreto que va en contra de la libre competencia.