La CNE rechazó la Opa sobre Iberdrola porque ponía en peligro la calidad del suministro eléctrico

LD (EFE) El organismo regulador señala en la resolución que la eventual fusión entre Gas Natural e Iberdrola hubiera recortado en 222 millones de euros, más de un 12 por ciento, las inversiones en redes de distribución previstas por la eléctrica para el periodo 2003-2006. Según la CNE, esta reducción "podría poner en peligro la favorable evolución de la calidad del servicio ofrecida por Iberdrola a los usuarios eléctricos".

La resolución señala también que "existe un riesgo significativo" en el desarrollo futuro de las actividades reguladas por la posible transferencia de rentas desde los negocios regulados a los liberalizados. A juicio de la CNE, "pudiera suceder que las decisiones de expansión estuvieran guiadas prioritariamente por el propio interés económico y no por los objetivos de desarrollo de las infraestructuras". Además, el organismo regulador sostiene que la integración de las actividades de distribución de gas y electricidad en una única empresa "podría provocar un desarrollo no homogéneo" de las redes y "reducir la transparencia" en ambos negocios.

En el capítulo financiero, la CNE afirma que "no dispone ni puede disponer con certeza" de la estructura económico-financiera de la empresa resultante de una eventual fusión. Esta "indeterminación en el grado de endeudamiento que se prevé financiar con el patrimonio regulado hace cuestionarse la viabilidad de la operación", ya que los activos regulados no deben asumir ninguna responsabilidad. El organismo regulador señala que el valor de los activos enajenados "no tiene necesariamente que coincidir con el que prevé Gas Natural, sino que dependerá del procedimiento y de los distintos lotes", por lo que la CNE "no debe basar su decisión exclusivamente en los estudios aportados" por la compañía gasista.

La resolución explica también porqué no se ha optado por autorizar la operación con condiciones, posibilidad defendida por los tres consejeros de la minoría. "El problema que se plantea con la imposición de estas condiciones es el de su eficacia real, sobre todo en caso de incumplimiento de las mismas una vez que se haya consumado la OPA, pues en ese momento la operación resulta prácticamente irreversible", señala la CNE.

En cuanto a los votos particulares, el firmado por Jordi Dolader y Sebastiá Ruscalleda señala que la resolución aprobada por la mayoría (seis consejeros, incluido el presidente) "carece de una motivación suficientemente razonada y aporta fundamentos no demostrados" sobre los riesgos y efectos negativos de la operación. Estos dos vocales entienden que "con la aceptación de las garantías aportadas por Gas Natural y el establecimiento de condiciones suplementarias debería haberse autorizado" la operación.

El voto particular planteado por Jaime González defiende también la autorización de la OPA con una serie de condiciones, entre ellas la separación "patrimonial, jurídica y contable" de las actividades. Este consejero reclamaba, además, que las sociedades del grupo encargadas de actividades reguladas no fueran portadoras de deuda y que la empresa resultante de la operación garantizara las inversiones previstas mediante "medidas de naturaleza económica vinculante".