Según informa Europa Press, la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador por un importe de 3,87 millones de euros a tres empresas comercializadoras de electricidad en la Comunidad de Madrid al entender que se han vulnerado los derechos de los consumidores madrileños a recibir una información eficaz y suficiente y al considerar que dichas empresas están facturando por servicios no prestados, en contra de las leyes de protección de los consumidores, ha informado la Comunidad en un comunicado.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico insta a las compañías eléctricas a facturar siempre de acuerdo a una lectura real, y nunca a través de lecturas estimadas. Además, se pretende que la factura sea más clara.
La apertura de expedientes sancionadores se sustenta por un lado en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que califica como abusivas y por tanto, prohibidas y sancionables, las estipulaciones contractuales que prevean el cobro de servicios o productos no usados o consumidos de manera efectiva.
Además, la ley madrileña sanciona como infracción de consumo "la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos".
De esta manera, las compañías tendrán que volver al antiguo sistema de facturación bimestral, o bien realizar lecturas mensuales que certifiquen que al consumidor se le cobra por la electricidad consumida, o bien continuar facturando mensualmente tan sólo por los costes fijos, como por ejemplo, el alquiler de contadores, cuya cuantificación es independiente del consumo eléctrico realizado en los meses en los que no se efectúe la lectura del contador.
Una factura incomprensible
Por otra parte, la ley madrileña de protección de los consumidores establece que "los productos, bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores deberán incorporar, llevar consigo o permitir una información objetiva, cierta, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales".
Así, se sanciona a estas empresas, entre otros motivos, por no expresar con claridad los periodos de consumo facturados o por no explicar cómo se realiza la correspondiente regularización de consumo a fin de adecuar la facturación a la lectura real, resultando en definitiva una factura incomprensible para la mayoría de los consumidores reclamantes.
A lo largo de 2010, el Gobierno regional mantuvo varias reuniones con las comercializadoras para exponerles, entre otras cuestiones, las quejas de los consumidores por la falta de claridad en las facturas de la luz y la confusión que causa el método de estimación. Además, se les instó a facturar, independientemente de la frecuencia con que lo hagan, tan sólo los términos fijos y los consumos efectivamente realizados.
Éstas argumentan que hay una resolución del Ministerio de Industria que les obliga a facturar mensualmente, resolución que tiene rango inferior a las leyes regionales de Consumo. En este sentido, el Gobierno de la Comunidad ha denunciado reiteradamente que el Ministerio de Industria impuso el pasado año la facturación mensual con el objetivo de camuflar la subida real de la electricidad.
Según cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda, las tarifas de la luz fijadas por el Gobierno de la Nación han subido un 50 por ciento de media en los últimos años.
Por este motivo se ha insistido en denunciar la indefensión y confusión que está generando en los consumidores las nuevas normativas aprobadas por el Gobierno de la Nación en esta materia.
De esta manera se concluye que la liberalización del sector eléctrico en España no responde a las directrices de Bruselas, pues el mercado sigue intervenido por una política gubernamental tan plagada de errores, que quien lo paga, y cada vez más caro, es el consumidor.
Las reclamaciones subieron en 2009
Las reclamaciones relacionadas con el cambio de normativa efectuado por el Ministerio de Industria, mediante el cual se impuso facturación mensual estimada superan las 14.000.
El mayor incremento porcentual lo registró el sector de la electricidad, que en 2008 tuvo 798 reclamaciones, en 2009 un total de 10.880 reclamaciones, lo que significa un incremento del 1.263 por ciento, y en 2010 más de 1.600 reclamaciones.
A ello hay que añadir las innumerables consultas que sobre este asunto han realizado los ciudadanos a la Dirección General de Consumo y que han sido resueltas a través de correo electrónico y telefónicamente.