La actual coyuntura de crisis económica ha incrementado en un 15% la venta ilegal de vehículos de segunda mano en la vía pública por parte de “pseudovendedores” que se hacen pasar por particulares para realizar una actividad comercial “encubierta”, incumpliendo así sus obligaciones legales y fiscales con las distintas Administraciones Públicas.
Según denuncia la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), aunque esta práctica viene produciéndose desde hace tiempo, la crisis económica ha fomentado el intrusismo de aquellos que, haciéndose pasar por vendedores profesionales, desean obtener pingües beneficios de la comercialización de los vehículos estacionados en la vía pública, a costa de “saltarse a la torera” todas las normas y tributos establecidos para esta actividad.
La asociación explica que esta práctica supone un “acto de competencia desleal” para los concesionarios y compraventas legalmente establecidos, ya que estos vendedores ilegales no cuentan con la autorización municipal pertinente para el desarrollo de su actividad, ni pagan los impuestos y tasas requeridas derivados de la misma; además, tampoco están dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o en el censo de obligados tributarios.
Además, añade que este canal de venta ilegal supone un “claro perjuicio” para el comprador que no dispone de la garantía del vehículo por escrito, el contrato de compraventa y la factura de la operación, sin olvidar los problemas de estacionamiento que se derivan para los ciudadanos por la ocupación indebida de la vía pública.
En esta línea, supone un “fraude manifiesto” a la Hacienda Pública al evadir el pago de los impuestos relacionados con el IVA o el Impuesto sobre Sociedades que los concesionarios y compraventas tradicionales sí deben liquidar conforme a los plazos legalmente establecidos.
Según el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, “si bien esta práctica viene produciéndose desde hace tiempo, lo cierto es que los concesionarios y compraventas están ahora más molestos que nunca porque supone una ‘venta perdida’, además de un deterioro de la imagen profesional y buen hacer que les caracteriza”.
Regular esta práctica ilegal
La Asociación Nacional de Vendedores ha instado a los Ayuntamientos a realizar las actuaciones pertinentes para terminar con este mercado sumergido, tomando como antecedente las ordenanzas municipales aprobadas, entre otras, por los municipios de Madrid y Barcelona, y que prohíben expresamente la venta de vehículos en la vía pública, con apertura de expediente sancionador y multa en caso de incumplimiento.
En este sentido, Ganvam se ha dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de que estas medidas adoptadas hasta ahora minoritariamente por algún ayuntamiento se extiendan a todos los municipios de España con el fin de terminar con esta venta ilegal.
Por otra parte, la asociación recuerda que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso una proposición no de ley ante la comisión no permanente de seguridad vial, instando al Gobierno a que adopte las disposiciones legales necesarias para erradicar esta práctica fraudulenta.