En un momento en el que Bruselas estudia la posibilidad de cambiar su metodología para calcular las cuentas públicas, llama la atención las trampas contables en las que incurren por norma los gobiernos de casi todos los países a fin de maquillar el insostenible coste que supone el mantenimiento del Estado de Bienestar.
Y es que, una cosa es la deuda reconocida por las autoridades y otra muy distinta la deuda implícita, es decir, el volumen de compromisos financieros presentes y futuros (pasivos) asumidos por los distintos gobiernos. La deuda pública total (oficial y oculta) que genera el Estado de Bienestar es, a todas luces, insostenible. Así, por ejemplo, un reciente estudio revela que la deuda pública real de Reino Unido asciende a 4,8 billones de libras, el 333% del PIB y casi seis veces la cifra oficial.
En el caso concreto de España, la depresión demográfica y el creciente envejecimiento de la población supondrán un aumento constante del gasto público en pensiones y sanidad, dos pilares básicos del modelo sociopolítico vigente en la actualidad.
Así, no por casualidad, el Gobierno ha planteado una reforma del sistema de pensiones para retrasar la edad de jubilación y recortar las prestaciones futuras e, incluso, estudia seriamente la posibilidad de establecer el copago sanitario, al igual que han anunciado otros países europeos. La crisis económica tan sólo ha acelerado la necesidad de abordar una serie de reformas estructurales que, tarde o temprano, tendrían que ser planteadas a la opinión pública.
Así, si bien la deuda pública oficial se aproxima al 58% del PIB, la real (sumando algunas de las partidas que no se contabilizan) asciende al 75%, según datos del propio Banco de España. Pero la situación aún es mucho más grave si se tiene en cuenta el volumen de gastos comprometidos a medio y largo plazo (la denominada deuda implícita), sobre todo, en pensiones (deuda contraída con los jubilados presentes y futuros).
Algunos informes muestran el drama financiero de las cuentas públicas. Tan sólo en este ámbito, la deuda pública comprometida en pensiones ascendía al 147% del PIB en 2005, según la Comisión Europea (CE). El problema es que el coste del sistema público de pensiones seguirá en ascenso durante las próximas décadas, hasta alcanzar, como mínimo, el 194% del PIB en 2050 (un 30% más), según estas mismas estimaciones.
El gasto público en pensiones subirá un 80%
Y es que, si bien los recursos destinados al pago de pensiones (gasto público anual) representaron el 8,7% del PIB en 2005, éstos se elevarán hasta el 15,7% del PIB en 2050 (7 puntos porcentuales más, un aumento del 80%). Y ello, como resultado de la crisis demográfica (escasos jóvenes y creciente envejecimiento poblacional).
Un informe del Círculo de Empresarios resume la situación: "A más largo plazo, el envejecimiento de la población plantea las mayores y más graves dificultades para la sostenibilidad del sistema, ya que el pronunciado incremento que experimentarán las tasas de dependencia conducirá a desequilibrios financieros severos. Sin ninguna duda, éste es el gran condicionante para la viabilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, ya que España se presenta como uno de los países donde más intenso será el proceso de inversión de la pirámide poblacional".
La tasa de dependencia (población de 65 y más años sobre población entre 15 y 64 años) experimentará un incremento sustancial conforme se produzca la inversión de la pirámide poblacional, tal y como se observa en los siguientes gráficos.
"¿Podría dar la demografía un respiro al sistema de pensiones?", se preguntan estos expertos. "Desgraciadamente, no cabe esperarlo", advierten. En este sentido, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en otros informes sobre el mismo tema (aquí, aquí y aquí), concluye que "la evolución demográfica hace que, sin reformas, el sistema de pensiones en España sea insostenible. Si no se hace nada, España será después de Grecia el país europeo en que el gasto en pensiones suba más".
A este coste extra se suma, además, el creciente gasto público en sanidad y dependencia (cuidado de los mayores como, por ejemplo, servicios sociales o residencias públicas). La CE estima que el gasto de la sanidad pública en España pasará del 6,1% en 2004 al 8,3% del PIB en 2050 (un 36% más), mientras que el gasto en servicios sociales como consecuencia del envejecimiento poblacional subirá del 0,5% del PIB en 2004 al 0,8% en 2050 (un 60% más).
En resumen, el coste público de las pensiones, la sanidad y el cuidado a mayores crecerá en 9,6 puntos porcentuales del PIB durante las próximas décadas (un 63% más). Es decir, tan sólo el peso de estas tres partidas presupuestarias equivaldrá a una cuarta parte de la riqueza nacional (24,8% del PIB en 2050, según Bruselas): pensiones (15,7% del PIB), sanidad (8,3%), dependencia (0,8%).
Si el resto del gasto público permanece constante, la presión sobre las finanzas públicas es más que evidente. La cuestión es ¿cómo y quién sufragará la factura?
De momento, el Gobierno apuesta por subir impuestos, retrasar la edad de jubilación y recortar las prestaciones futuras para mantener el actual modelo. Otros, como el Círculo de Empresarios o Fedea, plantean modelos más o menos mixtos (combinación de público y privado). Por desgracia, hasta el momento, ningún partido político ha entrado a fondo en este debate sobre el necesario cambio de modelo para transitar desde un sistema de reparto a otro de capitalización individual.
Y es que, tal y como señala Juan Ramón Rallo, "la reforma del sistema de pensiones es inaplazable, en una dirección o en otra: o privatizamos hoy asumiendo a corto plazo un mayor gasto para a cambio conseguir pensiones futuras más cuantiosas y asequibles o no privatizamos y vamos desmantelando poco a poco las ya de por sí exiguas pensiones públicas con tal de sobrevivir a nuestro Himalaya de deuda implícita".