Entre esas dos fechas, el despilfarro en el gasto público, el fraude fiscal y la escasa productividad han llevado a Grecia a la actual situación de auténtica tragedia económica.

La deuda pública suma ya la astronómica cifra de los 300.000 millones de euros para un país con 11 millones de habitantes y supone ya el 113,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país, la mayor tasa de endeudamiento de la zona del euro.

Un dato que, sin embargo, va a empeorar aún más. El propio ministro griego de Finanzas, Giorgios Papaconstantinou, ha alertado de que la deuda subirá hasta el 120 por ciento en 2012, para volver a caer a los niveles actuales en 2014.

Ya el pasado año, Grecia terminó el ejercicio con un déficit fiscal del 12,7%, más de cuatro veces por encima del límite teórico permitido en el plan de convergencia de los países que tienen al euro como moneda. Ante la rotundidad de esas cifras, el Ejecutivo socialista ha lanzado un auténtico plan de choque para intentar evitar el descalabro del país.

Un descalabro que el propio primer ministro, Giorgios Papandreu, ha reconocido que está "hecho en casa" y del que han responsabilizado por el despilfarro al anterior Gobierno conservador. Tras apenas cuatro meses en el poder, Papandreu se ha lanzado a la enorme tarea de reducir gradualmente el déficit. Primero hasta el 8,7% este año y, luego, hasta el 5,6 y el 2,8% en los ejercicios siguientes.

Si el plan tiene éxito, el déficit griego tendría que regresar al redil del 2% en 2013. Esa estrategia ha recibido el apoyo de la Unión Europea, que incluso se está planteando acudir al rescate de Grecia para evitar que el derrumbe de su economía arrastre al resto de la zona del euro.

La exigencia de Bruselas para que Grecia tome medidas de saneamiento ha sido respondida por Atenas con un plan de reformas estructurales y a largo plazo, que van desde la reforma del sistema impositivo como cambios en las pensiones.

El establecimiento de la edad de jubilación para todos los trabajadores a 65 años o la eliminación de beneficios fiscales para algunos sectores forman parte de ese plan de emergencia. El Gobierno helénico también ha animado a que los griegos con depósitos en bancos extranjeros traigan su capital a Grecia, con condiciones impositivas muy interesantes.

En el último mes, unos 9.000 millones de euros han abandonado el país, en una sangría de capital que el Ejecutivo quiere detener ahora rebajando a la mitad el 5% los impuestos sobre los depósitos bancarios y eliminando la obligación de justificar el origen del dinero.

Además, Atenas está decidida a reducir el número de funcionarios de un sector público muy sobredimensionado y que se ha beneficiado de un aumento salarial del 88 por ciento desde 2001. Ahora, el Gobierno quiere poner coto a esa situación con un recorte del 20% de los sueldos de los trabajadores públicos y la reducción de su número: por cada cinco jubilaciones sólo se contratará a un nuevo empleado.

Esta política de saneamiento ya ha sido contestada por los sindicatos con una masiva convocatoria de huelgas que ya hoy tenía a medio país paralizado y que puede disparar el enfrentamiento social.

Pero los problemas de déficit de Grecia no son nuevos. Ya en 2004, el nuevo ejecutivo conservador acusó a los socialistas salientes que nunca estuvo por debajo del 3% antes de entrar en 2001 en la zona del euro, un dato que habría impedido su ingreso en ese club de países industrializados. De aquellos lodos, más el desenfrenado gasto público, el fraude fiscal y la baja productividad, han surgido los barros que ahora amenazan con ahogar la economía del país.