Uno de los documentos "informativos" de ese portal es un cuestionario con las correspondientes respuestas. La particularidad del mismo es que tanto preguntas como respuestas proceden de la misma pluma. Siendo así, no resulta extraño que algunas preguntas resulten totalmente ajenas al objeto de debate o estén desenfocadas, y que las respuestas sean escasamente ciertas.
Las "mentirijillas" de la Consejería son de tres clases:
• Medias verdades.
• Mentiras dolosas o malintencionadas.
• Mentiras culposas o negligentes (debidas a ignorancia fácilmente vencible y, por ello, inexcusable).
En la medida de nuestras modestas posibilidades, deseamos contribuir a paliar ese déficit de veracidad –expresión con que el "correctismo político" denomina a las mentiras–.
Seguiremos para ello el mismo método socrático, tan pedagógico, empleado por la Consejería (ya que, sin duda, habrá sido el recomendado por los expertos comunicadores –por supuesto, designados a dedo- de la Dirección General de doctrina, propaganda y listas negras –perdón si me equivoco pero, con estos nombres con que la 3ª modernización bautiza ahora a los órganos administrativos, es fácil errar); sazonado, además, con una pizca de ironía valleinclanesca y machadiana.
Contaremos para ello, con la impagable (¡ingenuos!) colaboración de la Consejera del ramo. Vayamos, pues, a la tarea.
Verdadera entrevista apócrifa a la Consejera de Hacienda y Administración Pública
- Entrevistador (E): ¿La integración de los funcionarios en una Agencia Pública Empresarial (APE) es obligatoria?
- Consejera (C): Verá usted., hemos dicho por activa y por pasiva que es voluntaria, y ...hemos mentido reiteradamente.
En primer lugar, porque las APE no son Administración Pública y, por tanto, no pueden tener funcionarios. Funcionarios sólo puede haber en la Administración.
En segundo lugar, el personal de las APE se rige en todo caso por el Derecho Laboral (art. 70 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, en adelante LAJA), y los funcionarios, en todo caso, por el estatuto regulado por la Ley (art. 103.3 de la Constitución –CE), lo que determina, asimismo, la imposibilidad jurídica de que en las APE trabajen funcionarios.
En tercer lugar, y, lo que es más grave, para burlar la imposibilidad señalada en los apartados anteriores, hemos recurrido a un fraude de ley: como en las APE no puede haber funcionarios, pero sin los funcionarios las APE no pueden ejercer ciertas potestades, los funcionarios trabajarán para las APE –quieran o no, es decir forzosamente-, "integrados funcionalmente en la estructura de la agencia con sujeción a las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma..." (artículo 69.3 de la LAJA). Es decir, no son de personal de la APE, porque legalmente no pueden serlo, pero por la vía de los hechos los vamos a obligar a serlo.
Si me lo permite, se lo explicaré con una metáfora, aunque sea un poco zafia: como la ley prohíbe mear en la calle, vamos a miccionar (como decía el señor Lebowsky, no 'El Notas') desde el balcón; así podremos decir que estamos meando en casa, no en la calle, ¿comprende usted?
- (E): Sí, señora; van ustedes a obligar a los funcionarios a mear desde el balcón.
- (C): Más o menos; de modo que, y por último, la única integración voluntaria de funcionarios en las APE se produce cuando, precisamente, dejan de ser funcionarios y pasan a ser personal laboral (disposición adicional cuarta de la LAJA).
- (E): Y, entonces, ¿en qué situación quedan?
- (C): Pues mire usted, conforme a la legislación vigente (art. 29.3 de la Ley 30/84, en relación con la disposición final cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público) deberían quedar en situación de excedencia voluntaria, pero como somos más rumbosos que nadie la hemos "tuneado" para convertirla en una nueva situación administrativa: "servicios en entidades del sector público andaluz" (disposición adicional cuarta del decreto-ley 5/2010, en lo sucesivo decretazo); a ver por qué mi Pepe no iba a poder tener sus situaciones.
- (E): ¿Qué Pepe?, bueno déjelo; sigamos. Así pues, se han inventado ustedes una nueva situación administrativa. Y ¿cuál es su régimen jurídico, dónde está regulado?
- (C): En ningún sitio, es sólo el nombre. Sólo el envoltorio, papel brillante.
- (E): Pero, eso es algo así como condenarlos al limbo; hasta la doctrina católica lo ha suprimido y, sin embargo, ustedes... ¿y el principio de legalidad, la seguridad jurídica..., en suma, la Constitución?
- (C): Bah, como dice un colaborador mío de la Agencia Tributaria Andaluza, aparte de inconstitucional no tiene ninguna otra cosilla. De modo que no sea usted negativo; más que condenarlos al limbo, es como regalarles un "kinder-sorpresa", ya veremos lo que les toca cuando rellenemos el huevo de chocolate.
- (E): ¿Cómo han conseguido ustedes convencer a los sindicatos UGT y CCOO para que apoyen el decretazo?
- (C): Bueno, verá usted, aquí hay una relación simbiótica. A todos –me refiero al gobierno y a los citados sindicatos- nos interesa acabar con este movimiento contestatario que ha surgido de modo espontáneo e imprevisto entre el funcionariado. A nosotros, porque nos interesan unos sindicatos que –como dicen los neomarxistas Marcuse, Milliband, Aronowitz, entre otros- trabajan en beneficio de la patronal controlando las huelgas e impidiendo que los trabajadores consideren cuestiones más amenazantes para sus intereses. Buena prueba de ello son las amenazas del líder de UGT Dionisio Valverde a los funcionarios.
Y a ellos, –además de los dineros-, porque no les conviene quedar en evidencia. Es decir, que los funcionarios, que la sociedad, se den cuenta de lo prescindibles que son; que no sirven para nada más que para lo que apuntaban los teóricos del marxismo moderno.
Comprobará usted que era muy fácil ponernos de acuerdo.
- (E): ¿Qué opina usted de las manifestaciones de Mario Jiménez, portavoz del PSOE de Andalucía, en las que afirma que esta rebelión contra el decretazo está financiada por el PP? Y, ¿qué opina de la persecución que se ha desatado en Córdoba contra los desafectos; personalizada en el expediente gubernativo abierto a D. José María Herrera (compañero, no estás solo)?
- (C): Contesto a las dos preguntas a la vez: tenemos que acabar con esto como sea; si la persuasión no sirve, pues empleamos la amenaza. Además, es una buena fuente de ingresos; desde tiempos de Franco no había tantas suscripciones populares para pagar multas gubernativas impuestas por el ejercicio de los derechos y libertades cívicas. Y no olvide usted de que con eso también financiamos las subvenciones que damos a CCOO y UGT por prestar su apoyo y mantener la boca cerrada ante tales atropellos, y que no tienen ningún escrúpulo de conciencia en aceptar, pese a ser un dinero de origen tan infame.
- (E): Bueno, señora Consejera, razones de espacio nos limitan, debemos concluir. Nos gustaría, ya que es tan amable, continuar otro día. Pero, si me permite satisfacer una curiosidad mía, dónde estudió usted Hacienda Pública y Teoría y Gestión de la Administración Pública?
- (C): En la Facultad de Medicina y por "selecciones del Readers Digest" y el "Club de las Ideas" del Canal Sur.
- (E): Ah, naturalmente; eso lo explica todo.
Max Estrella, cesante de hombre libre.