La Fiscalía del Tribunal Constitucional se opone a los recursos de "los Albertos"

Se van cumpliendo los trámites que impiden que "los Albertos", condenados a 3 años y 4 meses de prisión por el Tribunal Supremo, entren en prisión. De momento, la Fiscalía del Constitucional se ha opuesto a la estimación de los recursos de amparo que éstos presentaron y por cuya resolución aún están en libertad. Además, la Audiencia de Madrid ha denegado los recursos que habían presentado contra el archivo de las diligencias abiertas tras la aparición de la famosa "carta anónima".

LD (Agencias) La Fiscalía del Tribunal Constitucional se ha opuesto a la estimación de los recursos de amparo, según fuentes de la defensa de los empresarios Pedro Sentieri y Julio San Martín, cuyas declaraciones fueron determinantes en las condenas del caso y contra quienes "los Albertos" presentaron una denuncia por falso testimonio que ha sido recientemente archivada por la Audiencia Provincial de Madrid.
 
Según informa la agencia de noticias Europa Press, tras conocer la opinión de la Fiscalía, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional deberá resolver sobre los recursos de amparo, motivo por el que el alto Tribunal mantiene en suspenso el ingreso en prisión de "los Albertos" mientras resuelve sobre el fondo de esta cuestión.
 
Por otra parte, la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid ha notificado un auto en el que deniega a los representantes legales de los primos la autorización para recurrir ante el Tribunal Supremo una resolución anterior de este mismo tribunal que confirmaba el archivo de las actuaciones contra Sentieri y San Martín. La Sala considera que el citado recurso ante el Supremo "no ha lugar" porque la casación sólo se puede presentar contra autos dictados por las Audiencias provinciales con carácter definitivo y "por infracción de Ley", requisitos que no se dan en este caso.
 
En dichas actuaciones se investigaba a Sentieri y San Martín a raíz de la aparición de una carta, presuntamente firmada por el primero de ellos, en la que se aconseja al resto de socios de Urbanor obviar durante el juicio a "los Albertos" determinados datos sobre los precios de venta de los terrenos donde posteriormente se construyeron las Torres KIO. El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid archivó la causa al considerar que la misiva no era auténtica y acordó la apertura de diligencias por posibles delitos de denuncia falsa y falsedad en documento privado. La defensa de Cortina y Alcocer ha recurrido en reforma esta decisión.
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