LD (M. Llamas) El Ejecutivo prometió impulsar la obra pública y la vivienda protegida para combatir la crisis. Tales compromisos ya fueron desmentidos por los datos oficiales del pasado enero. El incumplimiento no sólo sigue su curso sino que se acelera por momentos.
El último informe de la patronal de la construcción Seopan sobre licitación de obra pública refleja un desplome récord de la inversión en infraestructuras. En concreto, el volumen de licitación del Ministerio de Fomento, presidido por José Blanco, se ha hundido un 70,8% en los primeros cuatro meses del año con respecto al mismo periodo de 2008 -1.866 millones de euros frente a los 6.380 millones del pasado año-. En este ámbito destaca la caída de la licitación en carreteras (-88,8% interanual) y en ferrocarriles (-94,5%).
No es el único. El Ministerio de Medio Ambiente ha recortado un 21,5% la inversión en infraestructuras hasta abril, mientras que el resto de Ministerios los ha hecho en un 52,8%. De este modo, en total, la Administración General del Estado ha recortado drásticamente (-65,2% interanual) la licitación de este tipo de obras, que ha pasado de 7.723 millones en el primer cuatrimestre de 2008 a 2.684 millones en el mismo período del presente año.
La inversión autonómica cae un 27,6%
Las comunidades autónomas tampoco se quedan atrás. Así, entre enero y abril, la licitación de obra pública ha caído un 27,6% interanual, desde los 6.275 millones hasta algo más de 4.546 millones. Canarias (-80,7%), la Comunidad Valenciana (-67,2%) y la Diputación General de Aragón (-53,2%) lideran los recortes en esta materia.
La única administración pública que ha aumentado la inversión en infraestructuras son los ayuntamientos, gracias al Plan E de inversión local aprobado por el Gobierno -dotado con 8.000 millones de euros-. En los cuatro primeros meses del año, la administración local ha aumentado un 126,9% las partidas dedicadas a este ámbito, al pasar de 3.467 millones entre enero y abril de 2008 a 7.869 millones en el mismo período de 2009.
En total, incluyendo las tres administraciones públicas coexistentes en España (central, autonómica y local), la licitación de obra pública ha bajado un 13,6% interanual: de 17.466 millones a 15.100 millones de euros, según el informe de la patronal.
Los constructores piden hasta 44.000 millones
Ante este desplome, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, reclamó al Gobierno y a las comunidades autónomas una inversión mínima en infraestructuras de 44.000 millones de euros hasta 2012 en el marco de un plan específico para dinamizar la actividad constructora.
En una entrevista con Efe, Lazcano dijo que "con voluntad política y un esfuerzo presupuestario" se puede articular un plan que permita mantener el ritmo inversor que en los últimos años se nutrió de los fondos europeos.
Según explicó, la pérdida de dichos fondos requeriría durante los próximos cuatro años un importe mínimo para obras públicas de 22.000 millones de euros por parte del Gobierno central y una cantidad similar por parte de las Comunidades Autónomas, una inversión en la que las constructoras están dispuestas a implicarse arriesgando su capital.
Por su parte, el presidente de las grandes constructoras (Seopan) y ex asesor de Zapatero en La Moncloa, David Taguas, se suma a esta petición. El lunes reclamó a las Administraciones Públicas una inversión mínima en infraestructuras para el periodo 2009-2012 de 30.000 millones de euros, de los que dos terceras partes podrían financiarse con capital privado.
En un encuentro informativo para analizar las perspectivas del sector, Taguas insistió en que la puesta en marcha de un plan extraordinario de inversión en obras públicas es "clave para estabilizar la economía e iniciar un nuevo periodo de crecimiento sostenido", al tiempo que serviría para crear alrededor de 185.000 puestos de trabajo en su primer año de funcionamiento.
El ministro de Fomento, José Blanco, dijo hace dos semanas que el Gobierno pretende movilizar recursos por valor de 15.000 millones de euros para tal fin, mientras analiza con las constructoras las fórmulas financieras que permitirían llevar a la práctica dicho plan.
Financiación pública
La propuesta de Seopan pasa por que un tercio de la inversión que demandan (10.000 millones) se financie con cargo a los presupuestos del Estado entre 2010 y 2012, lo que permitiría adelantar la construcción de obras de carreteras y ferroviarias que ya están aprobadas o en fase de licitación.
El segundo tercio de la inversión se llevaría a cabo mediante el método alemán, pagando las constructoras por adelantado unas obras que cobrarían a partir de 2012, algo para lo que Taguas considera necesario que existan avales del Estado para que las entidades de crédito den la financiación necesaria a las empresas.
El último tercio se pondría en práctica mediante concesiones, por lo que tendría una financiación totalmente privada, que luego se recuperaría con el peaje directo o en sombra (el Estado paga por la disponibilidad de la infraestructura).