Nadie ha controlado estas entradas masivas de personal en las empresas sociedades anónimas dependientes de la Junta de Andalucía que, ahora, quieren reconvertir todo ese personal en personal laboral de las nuevas agencias diseñadas en el tristemente famoso "Decretazo" de José Antonio Griñán.
Según un documento interno de DAPSA, una de las mayores empresas públicas de la Junta andaluza, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en pocos años la empresa duplicó el número de sus trabajadores y sus gastos de personal sobrepasaron al resto de los demás gastos de la empresa. Sólo tiene un cliente, la Junta de Andalucía y reconoce que funciona como una consejería paralela "a su imagen y semejanza".
Ahora, como es sabido, la Junta pretende que el costo de las medidas arbitrarias impulsadas por unos gestores descontrolados, sean pagadas por todos los andaluces y muy especialmente, por la Administración oficial de Andalucía.
El documento se llama Plan Director de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca. Pretende recoger de manera sistemática todas las reformas y actuaciones que la empresa tiene que acometer para adecuar su estrategia, sus objetivos y su estructura a la actual realidad económica y social de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero ha cumplido 20 años de existencia.
En su diagnóstico de la situación interna se reconoce que "la plantilla media se acerca a las 2.000 personas". El primer aspecto a destacar es el rápido crecimiento ocurrido en el periodo 2006-2007, en el que la plantilla media creció casi un 45%, principalmente fijos de expediente.
El incremento en 2006-2008 llegó a ser de 711 personas y se vio reflejado en todos los servicios: en las oficinas centrales destaca el incremento en servicios de informática y en las oficinas provinciales el incremento de los equipos de campo y gabinete de PAC Y SIG-PAC, seguidos de la subdirección de investigación y servicios pesqueros y de los veterinarios PAVE que se incorporaron a las provincias procedentes de las delegaciones de la Consejería.
De la actualización de la información curricular realizada en diciembre de 2009 destaca el alto grado de formación, el 70% de los trabajadores dispone de formación universitaria, entre ellos 480 licenciados, 225 ingenieros superiores, 304 ingenieros técnicos y 38 doctorados. Actualmente, más del 90% de la plantilla tiene contrato indefinido.
Por todo ello se puede concluir que DAP dispone de un personal joven y formado, con una edad media inferior a 37 años y gran estabilidad laboral. Eso sí, el último organigrama, modificado en 2008 contaba con 4 direcciones y 11 subdirecciones y cerca de 130 centros de trabajo diferentes en las ocho provincias.
Entre las conclusiones sobre la evolución de los datos económicos, se dice que "entre 2006 y 2009, se aprecia que el crecimiento del número de trabajadores tuvo su reflejo en los datos económicos". Los ingresos se elevaron en un 50% en el período 2006-2007, llegando a los 150 millones de euros, lo mismo ocurrió con los gastos.
Los ingresos provienen principalmente de transferencias públicas. Estas transferencias han sufrido una importante reducción, alcanzando el 19% en 2009. La disminución de ingresos ha tenido como consecuencia inmediata una importante reducción de los gastos. Sin embargo, en lo referente a gastos de personal, se han contenido, pero no se ha producido una disminución drástica. Por ello, en 2009 cambia la estructura de gastos de la empresa y por primera vez los gastos de personal superan al resto de gastos.
Por si fuera poco el informe aprecia que "existía una gran falta de definición de la propia identidad de la empresa provocada por los sucesivos y opuestos cambios de rumbo en los últimos años. La sujeción del consejo de administración a los ciclos políticos ha dificultado la continuidad de estrategias."
Y se añade: "El rápido crecimiento de la plantilla en 2007 generó una estructura mal dimensionada, atomizada, construida a imagen y semejanza de la Consejería". Esto tuvo como consecuencia la creación de unidades estanco con gran dificultad para compartir recursos, con contratos poco flexibles asignados a expediente. Todo ello estaba en parte provocado por la existencia de un sistema de financiación en época de bonanza que premiaba el gasto en lugar de la eficiencia: a más gasto, más ingreso.
También se detectó que la organización tenía una autoestima muy baja. Los trabajadores creen que la Consejería de Agricultura, cliente principal de la empresa, no la valora suficientemente. Los cambios de rumbo también han provocado una escasa confianza de los trabajadores en la dirección y una falta de cohesión entre los distintos grupos. De igual forma se detectaron disfuncionalidades entre los servicios centrales y las provincias, debido a la falta de definición competencial de las gerencias provinciales.
Por otro lado, existe la dificultad de contar con casi 130 centros de trabajo distintos. La existencia de personal en centros de la Consejería es una fuente continua de agravios comparativos y problemas de diversa índole. La organización siente que dispone de un bajo grado de libertad para organizar los medios productivos de la empresa y no tiene la propiedad industrial ni intelectual del conocimiento generado por ella misma."
El documento se refiere asimismo a las amenazas y precisa que "en el corto plazo, la mayor amenaza de la empresa es la situación económica actual". Un sistema de financiación dependiente de una única fuente, en el que el único socio es también, casi en exclusiva, el único cliente, hace que la dependencia de la situación presupuestaria de la Consejería de Agricultura sea cercana al 100%.
Mientras las necesidades del sector son mayores que nunca, los ingresos de la empresa disminuyen a la vez que lo hace el gasto público. A medio plazo, la situación se agrava por la incertidumbre que provoca el final de la vigencia de la Política Agraria Común en 2013, con la posibilidad de cambios significativos en el presupuesto destinado para el sector hasta la fecha.
Pero eso sí, ve la salvación en la nueva agencia que se quiere constituir. "La aplicación de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía significará la adaptación del esqueleto jurídico de la empresa a la figura de la agencia pública empresarial, figura jurídica más afín al verdadero objeto y finalidad de la empresa."
La casi exclusiva fortaleza de la empresa dice el documento que es "un equipo humano multidisciplinar compuesto por casi 2.000 personas jóvenes y muy cualificadas y combina esto con la experiencia de 20 años trabajando en el sector. Tiene, por tanto, un importante conocimiento del sector y de los interlocutores representativos y una gran implantación en el territorio, mediante su red de técnicos distribuidos en 130 centros de trabajo por toda Andalucía.
La principal carencia que se detectó fue la falta de rumbo, de definición de la propia identidad, de claridad en el posicionamiento de la empresa y en su relación con el resto de los agentes. La buena noticia es que resolver estas carencias está dentro de las competencias de la dirección de la empresa y no requiere grandes inversiones.