LD (EFE) Según han informado fuentes del grupo de construcción naval, el Consejo de Izar "vio" la notificación remitida por la CE en la que se solicita formalmente la devolución de las ayudas consideradas ilegales, que superan en conjunto los 1.100 millones de euros.
Izar recibió el pasado 17 de enero la notificación de Bruselas, aunque sólo la referida al primer expediente, que asciende a 308 millones de euros más intereses. La CE abrió otros dos expedientes al grupo de construcción naval por importes de 111 y 556 millones, respectivamente. La obligación de devolver estas ayudas y la falta de recursos para hacerlo sitúan a la compañía en causa de disolución.
Según la Ley de Sociedades Anónimas, Izar tiene ahora un plazo de dos meses para convocar una Junta General de Accionistas que deberá decidir si aporta fondos para restablecer el equilibrio patrimonial o si procede a la liquidación ordenada de la empresa. La aportación de fondos por parte del accionista de Izar, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es imposible, ya que la legislación comunitaria prohíbe la entrada de capital público. Por ello, la opción prevista es la liquidación ordenada de la empresa, que permitirá la entrada de capital privado.
El plan de futuro de Izar, acordado entre la SEPI y los sindicatos y aceptado ya por Bruselas, contempla la segregación de los astilleros militares (Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz) y su traspaso a una nueva sociedad bautizada de forma provisional como New Izar. El pasado 17 de diciembre, el Consejo de Administración de la SEPI autorizó a Izar a traspasar a New Izar los activos destinados a desarrollar la actividad de construcción naval militar.