LD (M. Llamas) El mercado eléctrico español es uno de los sectores económicos más regulados del país. Y la falta de “libertad” en este ámbito pone en riesgo la competitividad de la industria española.
A partir del próximo 1 de julio, los grandes grupos industriales, españoles y multinacionales, pueden sufrir un incremento del precio de la electricidad de hasta un 100 por cien, que se añade al 40 por ciento de los tres últimos años. Y ello, como consecuencia de la eliminación de las tarifas industriales a partir del próximo 1 de julio, sin que se haya desarrollado en España un “mercado competitivo”, según han advertido hoy los grandes consumidores de electricidad.
Así, los representantes de cinco organizaciones industriales -AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía), ANE (Asociación Española de Electroquímica), la central de compras de electricidad Fortia, los fabricantes de cemento agrupados en torno a Oficemen y UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas)- denuncian la pérdida de competitividad que provocará el encarecimiento de la luz. “Tendrá graves consecuencias en materia de competitividad, deslocalización y desinversiones” empresariales, advierten.
El vicepresidente de AEGE, Javier Penacho, señala que la electricidad y los recursos humanos son los dos factores clave para mantener la competitividad de la industria pesada española. El problema consiste en que la liberalización de tarifas aprobada por el Gobierno establece como precio de referencia la retribución marcada por las energías más costosas (fuel o hidrocarburos).
Un modelo en el que la energía hidráulica y nuclear se verán especialmente beneficiadas, ya que no existe competencia ni posibilidad de desarrollar nuevas plantas, según indican.
Para Penacho, el último informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) "ha puesto el dedo en la llaga" al dejar en evidencia un sistema que carece de "competencia real". Las empresas “no pueden elegir libremente a sus proveedores eléctricos”. “No podemos comprar donde y a quien queramos”. Además, “el precio de referencia de la luz lo marca la peor tecnología disponible en el mercado”.
Contratos "libres", "bilaterales" y "a largo plazo"
Por ello, el sector reclama al ministro de Industria, Miguel Sebastián, la puesta en marcha de un “sistema de contratación bilateral (empresa y proveedor) a largo plazo, basado en precios relacionados con los costes de un mix ponderado de generación, en lugar del actual sistema en el que el precio queda determinado por el coste de la tecnología más cara”.
Penacho espera que el sector pueda reunirse pronto con Sebastián, y se muestra confiado en que el Gobierno sea "capaz de entender" sus reivindicaciones, que entre otros aspectos incluyen una política energética a largo plazo que ponga fin a la regulación "cortoplacista aplicada desde 1997".
De esta forma, las empresas podrán negociar precios competitivos al margen del pool (mercado mayorista). En este mercado, la tecnología marginal más cara de las que participan en la generación es la que transmite la señal de precio del conjunto de las tecnología, lo que genera una distorsión que demuestra que "no existe competencia" en el sistema, según el vicepresidente de AEGE.
Sin embargo, pese a que el 1 de julio entrará en vigor la liberalización de las tarifas industriales, el sector no tiene previsto pedir una prórroga en la aplicación de la norma.
38 interrupciones de energía desde 2001
Los consumidores industriales agrupan a empresas con un valor equivalente al 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y generan 240.000 empleos directos e indirectos. Cada una de estas empresas consume de media electricidad similar a la que demandan 50.000 hogares españoles.
En sus exigencias, las empresas cuentan como argumento a su favor con el actual sistema de interrumpibilidad del suministro en caso de excesos de demanda. "La industria está especializada en ayudar" mediante su capacidad de reducir en horas puntas la demanda en hasta 1.500 megavatios (MW), lo que "históricamente ha creado precios competitivos" en España, asegura Penacho.
Los compromisos unilaterales de interrumpibilidad de las empresas aparecen recogido en los contratos bilaterales suscritos entre las compañías y Red Eléctrica de España (REE).
Según Penacho, las empresas han tenido que recurrir en 38 ocasiones a paradas de producción desde 2001. La última se produjo en noviembre de 2007.