Si existe un concepto sobre el que todos los analistas vuelven y discuten cada vez que se habla de las debilidades de la economía española, ése es la productividad. España está siempre en los puestos de cola entre los países desarrollados en este aspecto.
Y el problema es que no es una cuestión de un Gobierno u otro, de una política económica concreta: desde hace cuarenta años la productividad española ha estado cayendo de forma constante. Y si hay que buscarle un culpable, también casi todo el mundo está de acuerdo: la rigidez de un mercado laboral constreñido por una legislación tercermundista.
Normalmente, se define la productividad como la relación entre los recursos utilizados en un proceso productivo y los resultados obtenidos. Si una empresa con dos empleados produce dos sillas al día y otra empresa con un solo empleado consigue las mismas dos sillas, podría decirse que la productividad de una es el doble que la de la otra.
Por eso, podría decirse que, en general, las compañías españolas necesitan utilizar más recursos para obtener los mismos ingresos. Estas diferencias tienen, en parte, una explicación en el tejido empresarial español: el turismo y la construcción son actividades de poco valor añadido, en las que son necesarias muchas personas para llegar al cliente final. Otros países más especializados en otro tipo de industrias (tecnológicas, telecomunicaciones, etc...), tienen crecimientos de productividad superiores. Esto es algo normal, pero el (bajo) nivel alcanzado por la economía española tiene otras causas.
Por eso, tal y como explica Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa (IE), la reforma laboral debería ir dirigida a "mejorar la productividad y el empleo". Según un estudio elaborado por Science-Metrix, la "producción científica mundial en los últimos treinta años es función del marco institucional y el mercado laboral". Y el español siempre es el más rígido en las clasificaciones internacionales, gracias, fundamentalmente a dos instituciones que será muy difícil erradicar (de hecho, la reforma laboral no se ha atrevido con ellas): la negociación colectiva y el coste del despido.
Negociación colectiva y costes laborales
La negociación colectiva impone un corsé de hierro a las relaciones laborales, puesto que obliga al empresario a pagar lo mismo a sus trabajadores que el resto de la industria, le dificulta diferenciar entre empleados más o menos productivos y le impide adaptarse a cambios en las circunstancias. Esto es negativo para la empresa (no puede competir si sus rivales extranjeros rebajan sus costes laborales), pero también para el trabajador. Así, el empleado productivo siente que su trabajo no es reconocido y valorado, algo que alienta el pasotismo y no fomenta la innovación.
Por otro lado, los altos costes de despido, así como otras normas que supuestamente van dirigidas a proteger al trabajador, en realidad acaban siendo una rémora que tira en su contra. Las empresas saben que hacer un contrato indefinido les encadena al trabajador, al que no podrán echar aunque baje su rendimiento. Por lo tanto lo que hace es no firmar contratos de larga duración: y claro, a un empleado temporal tampoco se le forma de igual manera, ni se le promociona en la empresa, por lo que su productividad tiende a ser más baja.
Por parte del trabajador, tampoco la situación es mucho mejor. Aunque puede parecer que la indemnización le blinda, lo cierto es que muchas veces es una cadena que le ata a un trabajo no deseado. Alguien que lleve 10 años en la misma empresa y quiera cambiar tendrá miedo de perder su antigüedad. De esta manera, la empresa tiene muy difícil cambiar las condiciones laborales de sus empleados (geográficas, funcionales, etc...); y el trabajador tiene muy pocos incentivos a cambiar de trabajo o tener una carrera laboral variada.
Por eso, entre otras razones, España siempre es uno de los países en los que sus ciudadanos cambian menos de lugar de residencia, de empresa o de sector profesional.
Tampoco el sistema educativo español ayuda a mejorar esta situación. Como explica Alberto Recarte, las escuelas españolas "aborrecen la excelencia y si por los socialistas fuera, se suprimirían los exámenes y las notas y no se permitiría que nadie destacara académicamente". Además, las universidades están "organizadas en defensa de los intereses corporativos de los profesores", en vez de estar enfocadas a la empresa.
Las consecuencias: 300 horas más al año
El problema es que en la mayoría de las ocasiones son los propios trabajadores los que pagan esta situación. Por una parte, porque una empresa poco competitiva tiene muchas más posibilidades de cerrar y despedir a todos sus trabajadores. Pero, por otra, porque la falta de competitividad, innovación o flexibilidad hay que compensarla muchas veces con más horas trabajadas.
De esta manera, los españoles son los europeos que más trabajan. En todos los países desarrollados han caído las horas trabajadas desde 1950 (ver tabla). Pero mientras en Holanda, en 2007, cada empleado estuvo una media de 1.413 horas en su puesto o en Alemania 1.432 horas, en España la media fue de 1.775 horas: 350 horas más, es decir, dos horas más por cada jornada laboral. Sólo Japón, Estados Unidos y Corea nos superan, y estas tres economías sí que suman a este tiempo de trabajo una alta productividad.
Quizás cuando los sindicatos vuelvan a repetir la tradicional cantinela de la defensa de los intereses de los trabajadores, alguien les recuerde esas 300 horas más de curro. O los cinco millones de parados. La explicación no está tan lejos.
